Radican cargos por el vil crimen de Juan Carlos-VÍDEO

01/30/2013 |
Describen la pandilla de Lizardi Muñiz como muy peligrosa y violenta.
Juan Carlos fue asesinado el 30 de noviembre de 2012 mientras se dirigía a la Cruceta del Vigía con un amigo y por equivocación transitó cerca de un punto de drogas. (Archivo)  

“Se está haciendo justicia”.

Satisfechos con el trabajo de las autoridades y al ver que ya los responsables de quitarle la vida a su hijo están ante la ley, los padres de Juan Carlos Ruiz Vega expresaron tener un poco de tranquilidad.

Su hijo de 18 años fue asesinado el pasado 30 de noviembre de 2012 mientras se dirigía con un amigo a la Cruceta del Vigía y por equivocación transitó cerca del punto de drogas de la calle Méndez Vigo, donde fue interceptado y acribillado.

Por estos hechos, el juez Wilfredo Robles Carrasquillo encontró causa para arresto contra Leonardo Lizardi Muñiz, cabecilla de la organización, a quien le impuso una fianza de $1.3 millones.

A Reinaldo Lizardi Muñiz, Mariano Maldonado Muñiz, Jayson Rentas Muñiz, José Rinaldi Vélez, Omar Sotomayor Sepúlveda y José Villodas Chamorro les impuso una fianza de $1.2 millones, mientras que a Elvin Román se le fijó una fianza de $975,000.

Al mismo tiempo, se radicaron cargos en ausencia contra Jorge Rivera Rivera y Carlos Cedeño Negrón, a quienes les impuso una fianza de $2.5 millones.

“Tenemos algo de satisfacción, pero muchos sentimientos encontrados”, dijo Juan Ruiz, padre del infortunado.

Por su parte, Julia Vega, madre del estudiante de artes culinarias, pidió que se le haga justicia a su hijo y dijo que vive con temor.

“Puerto Rico se ha vuelto un lugar difícil para vivir donde inocentes pierden sus vidas a manos de los delincuentes”, comentó la madre, quien aún intenta asimilar la pérdida de su querido hijo.

Los acusados enfrentan cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Sin embargo, al cabecilla de la organización de narcotraficantes se le radicaron cargos adicionales a la Ley de Armas por proveer armas a terceros.


“Leonardo suministró las armas y ordenó la ejecución de los jóvenes”, dijo el director de la División de Homicidios, Ángel Feliciano.

Este destacó que esta organización era muy peligrosa y que se investiga si están vinculados a otros incidentes violentos ocurridos en la Ciudad Señorial. Además, indicó que investigan si la balacera que culminó con la muerte del joven ponceño guarda relación con un plan que tenía la organización, ya que dos semanas antes habían asesinado al hermano de su líder.

“La prueba es robusta y convincente”, dijo el fiscal general José Capó, quien mencionó que cuentan con prueba testifical y científica.

Sobre la alta incidencia criminal que impera en las calles cercanas al lugar de los hechos, el coronel Reinaldo Bermúdez destacó que la Policía estatal tiene un plan de prevención las 24 horas, establecido luego del trágico suceso. “Queremos devolverle la tranquilidad a ese sector”, dijo Bermúdez.

El jefe de Homicidios reiteró que su misión es bajar la incidencia criminal en la región de Ponce y combatir el narcotráfico.

“Una vez más, podemos ver cómo la colaboración entre las agencias del orden público da resultados positivos y cumple su propósito de que los responsables de estos crímenes cumplan por sus actos”, expresó el coronel Bermúdez.

Este hizo un llamado a la ciudadanía para que se una a la Policía y colabore para lograr el arresto de personas que violentan las leyes en Puerto Rico.

Por otro lado, Pablo Colón, abogado del cabecilla de la ganga, expresó que el proceso fue injusto porque ninguno de los abogados pudo ver la prueba.

“Se comete una grave injusticia”, dijo el letrado. “Estuvo amparada en un testimonio mendaz de una persona que busca salir impune de un crimen que él cometió”, señaló en referencia a uno de los testigos expuestos en una declaración jurada.

El fiscal Idelfonso Torres sostuvo que entre los acusados hay cinco que no tenían antecedentes criminales, mientras los demás poseen récord de asesinato, Ley de Armas y sustancias controladas.

La vista preliminar fue señalada para el 22 de febrero.