Un grupo de ciudadanos presentó una demanda de clase contra las compañías Liberty Cablevision of Puerto Rico y Puerto Rico Cable Acquisition Company, conocida como Choice, que busca anular el cargo que estas empresas cobran por enviar la factura de papel a través del servicio postal.

En el recurso presentado el pasado 15 de enero, los abogados Harold Vicente, Verónica Irizarry y Edgardo Hernández reclaman a nombre de los suscriptores de estas compañías de cable, internet y telefonía que el Tribunal de San Juan declare ilegal el cargo de $3 a $4, que vienen cobrando desde el 2006 por emitir una factura de papel.

También solicitan que se le ordene a la parte demandada a desistir de dicho cobro y que restituya las cantidades cobradas “ilegalmente”, que estiman en una cifra no menor de $267,050,000.

Como parte del reclamo, exigen una partida adicional de $267,050,000 por los daños sufridos, el pago de los honorarios de abogados y el pago de intereses y las costas del proceso.

“El ‘paper billing’ es un cargo ilegal ya que el mismo no está basado en costos (cost-based pricing), ni mucho menos en servicios que verdaderamente reciben los consumidores (‘cramming’)”, apuntan los abogados.

Los letrados sostienen que la facturación es un beneficio que tienen las compañías demandadas “para poder exigir el pago por los servicios brindados”. 

“A raíz de esta facturación de cargos ilegales y fraudulentos, la demandada está ingresando millones de dólares anuales los cuales representan un aumento tarifario injustificado e ilegal para los suscriptores”, resaltan en la página 6 de la demanda.

Para apoyar su reclamo, los abogados citan el Artículo 7B del Reglamento para las Compañías de Cable Televisión, que dispone que ningún suscriptor será facturado por un servicio que no haya “afirmativamente solicitado”.

También plantean que la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico exige a las compañías proveedoras de servicios de cable, internet y telefonía que los cargos facturados estén basados en los costos de proveer los servicios brindados “para que los consumidores paguen por los servicios que verdaderamente reciben (cost-based pricing)”.

Argumentan que la parte demandada engaña a los suscriptores al alegar que reciben un ahorro al utilizar el método de facturación electrónica o vía internet.

“Este mecanismo ilegal creado por la demandada induce a los suscriptores para que, de no tener servicio de internet, adquieran alguno de los planes provistos por estos de internet, y evitar incurrir en el costo de $3.00 a $4.00 por el envío de las facturas por correo postal”, indican los abogados.

“Esto conlleva a que los consumidores dejan de pagar dicho ‘paper billing’, pero se suscriben a los servicios de internet con Liberty, cuyo costo en la actualidad asciende a sobre $50 mensuales, resultando en un evidente aumento de $46 a $47 en las facturas de los consumidores miembros de la clase, resultando en una exponencial ganancia ilegal para la demandada”, agregan.

En las alegaciones, los abogados señalan que Liberty es el proveedor líder de servicios de cable, internet y telefonía en la Isla y que, una vez culmine la fusión con Choice, la red combinada cubrirá el 80% de los hogares puertorriqueños y servirá a más de 700,000 unidades.

La demanda fue incoada a nombre de Luis Román, un delineante estructural de San Juan; María de los Ángeles Rodríguez, una maestra de Toa Baja, y Lourdes Morales, una ama de casa de Mayagüez, quienes representan a una potencial clase de 700,000 suscriptores.

Se inhibe juez

La Oficial de Información de la Oficina de Prensa de la Rama Judicial, Ileana Velázquez Lugo, informó a este medio que la demanda se encontraba ante la consideración del juez Ángel Pagán Ocasio, del Tribunal de San Juan.

Sin embargo, en la tarde del viernes, Pagán Ocasio emitió una resolución en la que indica que se inhibe de intervenir en el caso.

“Lo anterior obedece a que se solicita la certificación de una clase en la cual el juez que suscribe pudiera ser afectado”, lee el documento.

Liberty insiste en que cobro de envío de factura en papel es legal

El presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty, Naji Khoury, respondió en declaraciones escritas enviadas a este medio que el cobro de envío por facturas impresas es una práctica legal.

“Al igual que otras compañías, el cargo cubre parcial o totalmente los costos de envío, que incluyen materiales, labor, impresión, franqueo y costos administrativos relacionados a cartas devueltas, entre otros”, aseguró Khoury, quien además consideró que la demanda “está plagada de datos exagerados e incorrectos”.

Khoury menciona que muchas industrias han adoptado la facturación electrónica no solamente para cubrir los costos operacionales, sino también para ser responsables con el uso de los recursos del planeta. Especifica que compañías como Apple, Netflix y Amazon utilizan exclusivamente la facturación electrónica.

“Siguiendo esta línea, llevamos al menos cinco años incentivando a nuestros clientes a que se suscriban a nuestro servicio de pago electrónico. Los clientes suscritos a este servicio reciben su factura de forma digital y no tienen que pagar cargo alguno por ello”, leen las declaraciones. 

Añade que el cargo por el envío de facturas impresas está claro en el contrato que firman los clientes al momento de la venta y, además, se detalla en la factura y se notifica una vez al año enfatizando en la opción del “e-bill” gratuito.