El tránsito vehicular frente al Cuartel General de la Policía fue reabierto a la 1:30 p.m. luego de que unos 30 expolicías lo detuvieran para realizar una denuncia pública del incumplimiento del Gobierno con los pagos correspondientes a la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, conocida como la Ley 70.

El tránsito estuvo cerrado desde el Correo General de los Estados Unidos hasta la sede del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en ambas direcciones.

Durante el tiempo en que duró la protesta se clausuró el acceso peatonal al cuartel por las entradas de la avenida Roosevelt y una contigua al residencial Nemesio R. Caneles. La portavoz de la Policía, Maricarmen Ortiz, justificó la acción al describirla como una “estrategia de seguridad”.

Esta no es la primera ocasión que el grupo detiene el tránsito en la zona para exigir que le paguen el dinero que le adeudan tras el retiro incentivado al que se acogieron.

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El portavoz del grupo de manifestantes, Edwin Hernández Hernández, aseguró que en su caso le deben unos $20,000 que esperaba recibir, por disposición de la propia ley, a no más tarde nueve meses a partir de su último día en la agencia hace dos años y cinco meses. 

“El señor superintendente (José Caldero) no ha cumplido con el pago retroactivo y las licencias. La Ley 70 dice que 90 días a partir del retiro tenían que pagar todo lo que nos adeudaba”, explicó el exagente, el cual estaba asignado a la Unidad Motorizada de Aguadilla.

Según dijo, su deuda se divide en reglones como días de vacaciones, feriados, horas compensatorias y el ajuste por escala salarial. 

“Tengo hijos universitarios, pero también hay compañeros que han perdido sus casas, vehículos y están con problemas de salud y necesitan el dinero”, dijo.

Según indicó, la respuesta reiterada de la Policía a los reclamos de unos 800 expolicías como él es que “no hay dinero”.

A la protesta también se presentó el exsargento de la División de Homicidios de Guayama, Carlos González. Dijo que también le deben cerca de $20,000. 

“A pesar de eso me faltan el respeto cobrándome $900 que me dicen que me pagaron demás”, argumentó.

González indicó que pensaba cobrar su deuda en unos seis a siete meses, tras su salida de la agencia en el 2013.

Para la exagente Aida Rivera, quien se retiró el 16 de abril de 2013 como escolta del gobernador, la deuda que alega es de $40,000, que se reparte entre pagos de enfermedad, vacaciones, días feriados y ajustes salariales, se agrava al tomar en consideración su entorno familiar.

“Tengo dos hijos, soy madre soltera, no recibo pensión y pago casa y carro”, dijo. “Mi padre falleció hace 10 días y he tenido que batallar sola con eso”.

La Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento se creó a los fines de establecer un programa mediante el cual empleados elegibles pudieran retirarse o separarse voluntariamente de su empleo en el Gobierno de Puerto Rico a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico, u otros beneficios.

En el pasado, Caldero ha dicho que el reclamo de estos policías es “lógico”, pero que sólo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) puede autorizar el desembolso del dinero. 

Esta tarde su portavoz reconoció que todavía están pendiente de liquidación 992 casos. 

“Tanto la Policía de Puerto Rico como la OGP están realizando las gestiones pertinentes para identificar los fondos para el pago de las mismas”, sostuvo Ortiz.

La portavoz indicó que el grupo que se manifestó esta mañana no quiso reunirse con oficial alguno. 

Según dijo, durante el presente año fiscal la Policía y OGP identificaron fondos para el cumplimiento con el personal retirado por concepto de Ley 70 que no había recibido su liquidación. En total se saldaron deudas con 1,034 expolicías a un costo de $12.7 millones.