Luego de que culmine la jornada del martes, el juicio civil que se sigue contra Ana Cacho en el Tribunal de Bayamón pausará hasta el próximo 10 agosto tras dos meses de desfile de prueba.

En este proceso, el Departamento de la Familia (DF) busca que la jueza Wanda Cintrón Valentín lo exima de realizar esfuerzos razonables para reunificar a Cacho con sus dos hijas de 11 y 18 años como lo establece la Ley 246 o Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Durante el día de hoy continuó declarando a puerta cerrada en la sala 601 la trabajadora social Viviana Olmo, tercera testigo del DF y quien se enfrentó a las preguntas de la abogada Sharon González Maldonado, quien junto a Brenda Berríos Morales y Carmen Vargas Medina, representa a Cacho.

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Ya han declarado las trabajadoras sociales Iralis de Jesús y Vanessa Santana.

Luego de la muerte de Lorenzo González Cacho, ocurrida el 9 de marzo de 2010, el DF solicitó y obtuvo la custodia de emergencia de las dos hijas de Cacho alegando que su bienestar emocional y su seguridad se encontraban en peligro inminente.

Inicialmente el DF ubicó a las dos menores en casa de un familiar de la mujer, pero posteriormente concedió la custodia física de las menores al padre y exesposo de Cacho, Ahmed Alí González

En la marcha, el DF pidió que se le relevara de hacer esfuerzos razonables para reunificar a Cacho con sus hijas. La jueza Sonia del Toro concedió el relevo al DF, pero el Tribunal Supremo revocó esa determinación y ordenó la celebración del juicio civil, que se celebra en el juzgado bayamonés.

Actualmente Cacho ostenta la patria potestad de las menores y sostiene relaciones filiares con sus hijas.

Controversia pendiente

Al margen del desfile de prueba, queda pendiente por resolver una controversia sobre la orden de mordaza impuesta en este caso.

La jueza Cintrón Valentín tiene que determinar si Ahmed Alí y la abogada González Maldonado incumplieron con dicha orden al realizar expresiones públicas.

Las declaraciones de ambos ocurrieron luego de un entredicho provisional emitido por la jueza Griselle Robles Ortiz el 8 de julio, que prohibía a dos programas de televisión divulgar el contenido de un documento confidencial que forma parte del expediente judicial. 

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Pero el Departamento de Justicia y de la Familia, así como Cacho y Ahmed Alí desistieron de la orden al percatarse de que el documento al que habían tenido acceso los periodistas era diferente al documento confidencial archivado en el expediente del caso.

En el comunicado de prensa, que perseguía paliar los señalamientos de censura a la prensa que generó la petición de entredicho, Ahmed Alí explicó que participó de dicha solicitud en un intento de proteger un documento escrito por un convicto de agresión sexual contra un menor, que contenía "información falsa que afectaría el estado emocional de mis hijas". 

La abogada María Sánchez Baño representa a Ahmed Alí en el juicio.

El licenciado Rafael García y los procuradores Carlos Pérez, Vivian Acosta, María Berríos y Celia Molano Flores representan al DF.

En el ámbito criminal, las autoridades han identificado a Cacho, Jesús Jenaro Camacho, William Marrero y Arnaldo Colón como personas relevantes en la investigación de la muerte de Lorenzo, aunque -a cinco años del crimen- no han presentado cargos por el asesinato del niño, de 8 años.