La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y la Asociación Pro-Derechos del Confinado se opusieron hoy en el Senado al plan de traslado de reos a cárceles en Estados Unidos como medida para reducir costos operacionales.

“Insistimos en que es altamente cuestionable la ‘voluntariedad’ de los traslados en ausencia de una notificación adecuada sobre las condiciones en las que serán trasladados, la ausencia de un debido proceso, la falta de certeza del lugar donde serán trasladados y las condiciones de confinamiento a las que serán sometidos los confinados”, expresó el director ejecutivo de la SAL, Félix Vélez Alejandro en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, que preside el senador Henry Neumann.

Vélez Alejandro indicó que el programa “Out of State”, que según el DCR será de unos 3,200 confinados, “está plagado de desinformación, contradicciones e improvisación”, así como de falta de transparencia y de acceso a la información.

“La información provista de manera oficial por el DCR ha sido limitada, incompleta y sobre todo, carente de garantías procesales que permitan que un confinado pueda tomar una decisión informada, libre y voluntaria a la hora de evaluar si acepta o no ser trasladado fuera del País”, subrayó el portavoz de la SAL, que brinda representación legal a imputados de delito de escasos recursos económicos.

“Resulta imperativo que el Secretario del DCR manifieste claramente qué es lo que ocurrirá si no puede lograr el número de 3,200 confinados que acepten voluntariamente ser trasladados”, dijo para agregar que la propuesta “es un reconocimiento del intento fallido del gobierno” de garantizar la rehabilitación moral y social de la población penal.

“Es levantar las manos, reconocer la incapacidad de identificar soluciones alternas a la crisis económica y poner en manos de extraños, cientos de puertorriqueños que buscan una oportunidad para enmendar sus errores y salir adelante”, sostuvo Vélez Alejandro.

Por su parte, la Asociación Pro-Derechos del Confinado por voz de una madre de dos reclusos suplicó a la comisión legislativa que ponga su grano de arena “para impedir que los confinados boricuas sean sacados de nuestro País”.

“Queremos resaltar que no creemos en tal ‘voluntariedad’. Somos de la idea de que una vez el Departamento no logre el objetivo deseado de confinados, implantará traslados masivos compulsorios”, indicó el presidente del gremio penal, Benjamín Guzmán Rivera en una ponencia escrita leída en la vista pública por Madeline Gotay.

Guzmán Rivera indicó que la Asociación apoyó el traslado de confinados a Nuevo México y Minnesota en 1993 y en 2012, a Oklahoma, bajo la promesa de que la población confinada se beneficiaría de cursos, estudios, trabajos y bonificaciones.

Sin embargo, dijo que ambos traslados culminaron en motines, que propiciaron el retorno de los presos a Puerto Rico.

“Si bien es cierto que cometimos un error y estamos pagando el precio, no tenemos por qué pagar por los errores fiscales y económicos que cometieron nuestros gobernantes”, sostuvo el confinado y expresó que plan no es cónsono con la integración familiar y los reos que se acojan al mismo, no estarían cobijados bajo las estipulaciones del caso Morales Feliciano.