El fiscal Michael E. Gilfarb presentó su oposición a una solicitud del abogado Francisco Rebollo Casalduc para que en el juicio federal contra Pablo Casellas Toro se suprima la evidencia encontrada en el vehículo de su cliente.

Según lo argumentado por Rebollo Casalduc, el consentimiento escrito que dio Casellas Toro el 25 de junio de 2012 no se extendía hasta el 16 de julio, cuando se hizo el análisis de la guagua, dos días después del asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

 Sin embargo, el fiscal a cargo del caso federal en contra de Casellas Toro por emitir información falsa a alguaciles federales sobre un supuesto carjacking, indicó que en todo momento los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investigaron el caso como un legítimo delito y que el consentimiento voluntario para examinar el vehículo nunca fue revocado por el hoy acusado.

De la moción suscrita por Gilfarb se desprende que fue el propio juez Salvador Casellas quien llamó al FBI para que investigaran el alegado carjacking reportado por su hijo Casellas Toro el 17 de junio de 2012, en las inmediaciones de un club de tiro en Toa Baja.

"El día del carjacking, el juez federal senior Salvador Casellas, el padre del acusado, llegó a la escena del carjacking mientras la Policía de Puerto Rico investigaba. A su llegada, le avisó a la Policía de Puerto Rico que él había hecho los arreglos para que el FBI se hiciera cargo de la investigación. La investigación de la Policía de Puerto Rico cesó en ese momento, y la escena pasó a manos del FBI...", lee la moción de Gilfarb.

El fiscal federal de Florida añadió que "como el juez Casellas involucró al FBI en la investigación del carjacking, el FBI fue avisado del asesinato de la esposa del acusado el mismo día que ocurrió".

En la mira conexión de crimen y carjacking

De las mociones se desprende que el juez federal Salvador Casellas envió una carta a los alguaciles federales para que investigaran si había alguna conexión entre los asaltantes que le realizaron un robo a mano armada a su hijo Pablo Casellas Toro el 17 de junio de 2012, y el asesinato de su nuera, Carmen Paredes Cintrón, el 14 de julio de 2012.

En una cronología de los hechos, el fiscal indica que al otro día del supuesto carjacking, el agente federal Rafael Díaz Berríos entrevistó a Casellas Toro en su hogar. El 25 de junio el ahora acusado federal les dio un consentimiento escrito para proceder con el análisis de su vehículo, una guagua Acura MDX. Recalcó que el 11 de julio se pautó examinarla el 16 de julio. El asesinato de Paredes Cintrón -por el cual Casellas Toro fue encontrado culpable y fue sentenciado a 109 años de prisión- fue dos días antes de ese registro.

"Aunque Díaz Berríos notó algunas inconsistencias entre las expresiones del acusado y la evidencia física, en ningún punto entre el 18 de junio de 2012 y el 6 de agosto de 2012, Díaz Berríos (o el FBI) dejó de investigar el incidente ocurrido el 17 de junio como un carjacking o pensaron que el acusado había fingido un carjacking. Por el contrario, Díaz Berríos creía que los asaltantes pudieran ser los mismos individuos que mataron a la esposa del acusado", aclaró Gilfarb.

Agregó que no fue hasta el 4 de agosto, cuando fiscales estatales informaron que Casellas Toro era sospechoso del crimen. Entonces, el 6 de agosto obtuvieron una orden de allanamiento del magistrado federal Marcos E. López y realizaron otra búsqueda en el vehículo, precisó también.

"El acusado admite que el consentimiento nunca fue revocado. Por el contrario, la defensa argumenta que a pesar de dar su consentimiento para buscar su auto, en el esfuerzo de encontrar aquellos que le hicieron un carjacking, el consentimiento de alguna forma expiró como resultado de que no se ejecutó inmediatamente, esto aún que continuó afirmando al FBI que se quedaran con el vehículo hasta que terminaran de examinarlo y resolvieran el crimen", estableció el fiscal.

Argumenta que si no expiró, las autoridades debieron saber que el consentimiento era nulo una vez encontraron a la esposa del acusado asesinada, aun cuando echó la culpa a los que le hicieron el carjacking que él quería atrapar... En adición, bajo las circunstancias de este caso, no hubo una tardanza injustificada en la búsqueda consentida", agregó.

"El asesinato de la esposa del acusado no cambió, limitó, restringió o alteró de ninguna forma el consentimiento del acusado porque el FBI continuó investigando el carjacking. El 16 de julio de 2012, la Policía de Puerto Rico no había anunciado si había sospechosos por el asesinato de la esposa del acusado y el FBI no estuvo involucrado en la investigación... Al contrario, en vez de sospechar del acusado, Díaz Berríos creía que los asaltantes pudieron haber matado a la esposa del acusado", señaló, además, en la moción.

Contra Casellas Toro se emitió un pliego acusatorio el 10 de abril de 2013 por tres cargos criminales. Al excorredor de seguros se le imputa de que "a sabiendas y voluntariamente ofreció testimonio falso, fraudulento y ficticio" al alegar que el 17 de junio de 2012 fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dispararon al cristal trasero de su vehículo y lo hirieron de bala en un brazo, con el fin de robarle el vehículo.

Rebollo Casalduc, defensor de Casellas Toro, solicitó la semana pasada que se desestimen los cargos contra su cliente, o que al menos se concentren en uno porque los tres cargos tienen que ver con una entrevista con un alguacil federal sobre un mismo incidente. También pidió trasladar el caso al Tribunal de Massachusetts, en Boston, para que sea en una jurisdicción "neutral".

El juez federal a cargo del caso, Joseph R. Goodwin, de Virginia Oriental, se reservó el fallo referente a dónde se llevará a cabo el juicio, que está pautado a comenzar el 7 de abril.