La jueza administradora del tribunal federal en Puerto Rico, Aida Delgado, le reclamó al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, una asignación mayor de alguaciles y supervisar las mejoras que se le hacen al Centro de Detención Metropolitano, conocido como la cárcel federal, en Guaynabo.

Además, en la conversación privada que tuvo este miércoles Delgado con Holder, quien está en la Isla como parte de la visita que hace para ratificar el acuerdo en la demanda que el gobierno estadounidense sometió contra su homólogo boricua por presuntas violaciones de derechos civiles en la Policía, se tocó el tema de la pena de muerte en el Estado Libre Asociado.

El cónclave se efectuó en la mañana en las oficinas del Ministerio Público con fiscales, directores de agencias del orden público, y con cinco jueces federales como parte de una "visita de cortesía, protocolar".

Delgado atendió a los periodistas en su oficina en el edificio federal en Hato Rey, y dijo que Holder reconoció que Puerto Rico está en una posición distinta y única a los demás estados, dado a que los casos exceden "por mucho" a otras cortes de la nación, además de su complejidad y tipo de casos, y los que tienen múltiples acusados.

La jueza federal indicó que le explicó a Holder que en el año 2010, se vieron 463 casos criminales, mientras que en el 2012, atendieron 914. El número de acusados en 2010, eran 1,606 y el año pasado fueron 1,964.

Puerto Rico es el distrito número uno en casos de múltiples acusados, el octavo en movimiento de prisioneros y el 29 en cantidad de juicios criminales en los 94 distritos de los Estados Unidos y sus territorios, según la jurista.

Borinquen es un territorio no incorporado de los Estados Unidos desde el 1898, pero tiene gobierno propio desde el 1952, por virtud de la Constitución del ELA, por lo que aplican ciertas leyes federales en la Isla.

Relacionado al tema de pena de muerte, que está prohibido en la Constitución del ELA, pero se aplica aquí porque la jurisdicción federal está por encima, Delgado agregó que le informó a Holder que entre 2010 y 2013, hubo 37 casos potencialmente elegibles para la pena capital.

De esos 37 casos, 18 de ellos no fueron certificados para ser juzgados para pena capital, pero el costo para la rama judicial federal fue de $700,000, dado a que la corte paga los gastos de defensores que se especializan en este tipo de caso y se asignan desde el inicio del caso cuando se determina que es elegible. También costean los peritos que contrate la defensa para investigar factores mitigantes y sicólogos y siquiatras, entre otros.

Siete casos de pena de muerte ya se vieron en el tribunal federal, y otros están bajo evaluación, lo que ha conllevado un gasto de $7.7 millones. Los jurados en estos casos han emitido un veredicto de cárcel de por vida y han rechazado privar de la vida a los convictos.

"Esto (gasto) en medio de un recorte de $350 millones a la rama judicial por parte del Congreso de los Estados Unidos, significa 5% menos para el presupuesto de la judicatura, que son $500,000 menos", detalló Delgado sobre el "intercambio formal y ameno" que sostuvo con Holder.

La administradora del tribunal federal en la Isla le recomendó a Holder evaluar el protocolo de los casos de pena de muerte para que la decisión del comité que determina si se certifican o no, no tarde mucho tiempo y que aplique solamente a los "casos más horrendos", dado a que, según como está ahora, es muy abarcador. El Secretario se comprometió a evaluarlo, según Delgado.

"Holder estuvo impresionado con el impacto presupuestario de los casos de pena de muerte y la cantidad de casos. A veces, la recomendación de la fiscalía federal local es que no sean certificados, pero como el protocolo requiere una segunda evaluación por parte del comité, hay que seguir el caso de pena capital", señaló Delgado.

Sobre el MDC, su petición fue para "asegurar los compromisos que se han hecho con este distrito para que se cumplan". Recordó que a raíz del asesinato del teniente Osvaldo Albarati Casaña en marzo pasado, quien estaba adscrito al MDC, y del problema de hacinamiento que hubo poco después, se aseguró que llenarían vacantes de personal de la cárcel, se aumentará y mejorará equipo de seguridad, se instalarán más cámaras y alumbrado, se cambiarán los cristales para que los confinados no pueda comunicarse con personas en el exterior, entre otras medidas. Holder dijo que dará seguimiento, indicó Delgado.

Su tercer punto fueron los alguaciles, dado a que hay plazas congeladas y solicitó se descongelen seis vacantes que hay al momento, además de crear más plazas. Holder se comprometió a hacer todo lo posible para evaluar la situación y dijo estar dispuesto a solicitar al Congreso más dinero, de ser necesario, según Delgado.

La jueza también le habló de la cantidad de casos "que estamos absorbiendo con la iniciativa con el gobierno estatal", y le dijo a Holder que ofrecerá a la rama judicial estatal intercambio de información, adiestramiento y recursos.

"No es que tengamos la magia ni la verdad, pero sí intercambiar lo aprendido en estos casos y cómo implantar el manejo de casos de múltiples acusados y ayudar a la escuela judicial al entrenar a jueces nuevos. Sabemos que el proceso de aprendizaje es de dos carriles y estamos dispuestos a hacerlo. De la colaboración nos beneficiamos todos y el mayor beneficiado es el país", expresó Delgado.

"Durante la reunión, se reconoció las limitaciones presupuestarias, pero se comprometió a ser defensor de todos los componentes del sistema. Holder recalcó que los problemas que aquejan a este distrito no son problemas locales, sino parte de un problema nacional. La criminalidad es general", agregó Delgado.