El representante novoprogresista José Enrique Meléndez Ortiz se propone referir a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos al secretario de Corrección y Rehabilitación, José Negrón Fernández, por una serie de eventos de violencia contra confinados que, según el legislador, están ocurriendo en las cárceles del país.

Según la carta que se propone enviar Meléndez Ortíz a Justicia Federal, el evento que provoca su querella ocurrió el 14 de enero de 2013 cuando, luego de un registro de la Institución 1072 de Bayamón, se identificaron 21 reclusos como sospechosos de tener contrabando en sus cavidades.

Indica el representante en su misiva que esos confinados fueron llevados a la silla “Boss” que detecta metales ocultos en el cuerpo, pero que, luego de ser orientados, rehusaron someterse a ese procedimiento.

Agrega, basándose en una declaración jurada que ofreció un oficial de custodia, que tras la negativa, el grupo fue llevado a la lavandería de la institución y sometidos a descargas eléctricas para que expulsaran lo que supuestamente tenían oculto.

Sostiene la citada declaración jurada que ninguno de los reclusos expulsó objeto alguno y que fueron enviados de regreso a sus celdas sin realizársele evaluaciones médicas tras ser sometidos al mencionado proceso.

La declaración jurada la prestó el 21 de febrero el que fuera director de seguridad de la Institución Correccional 1072 de Bayamón, Héctor E. León Baline, quien asegura que cuestionó el proceso.

En la misma declaración jurada el oficial denuncia que por su actitud fue trasladado desde la Institución Guayama 945 a El Zarzal en Río Grande, cuando su residencia es en Santa Isabel. No surge de la declaración cuando fue que pasó de director de seguridad de la 1072 en Bayamón a Guayama 945.

Según este documento, jurado ante un notario y distribuido por el representante Meléndez, el 4 de enero de 2013 el secretario de Corrección, en una presentación ante superintendentes, comandantes y directores de seguridad, impartió instrucciones “para que retomáramos el control de las instituciones y que no se permitiría ningún tipo de maltrato ni agresiones hacia su personal; que de surgir alguna agresión contra la oficialidad se le iba a devolver esta acción de manera desproporcionada a la población penal”.

Meléndez sostuvo que esas instrucciones han dado paso a los alegados abusos contra confinados y emplazó al gobernador Alejandro García Padilla “a que si no comparte las instrucciones del Secretario las desautorice y de inmediato, lo destituya”.