La fiscal Marta Maldonado, mediante consulta con la fiscal de distrito de Ponce Marjorie Gierbolini, refirió a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia la pesquisa sobre la querella radicada de violencia de género contra el representante de distrito por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón L. Rodríguez Ruiz, por tratarse de un funcionario público. 

La Oficina de Prensa de la Policía del área de Ponce, aclaró que por tal razón la fiscalía levantó expediente y no procedió con la radicación cargos luego de una mujer con la que presuntamente el legislador mantenía una relación sentimental, porque no le corresponde a ese foro adjudicar los hechos.

De su lado, la jefa de fiscales del DJ, Olga B. Castellón, indicó que si luego de investigar el caso se evalúa si procede o no emitir un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) que será el que determine si procede o no la radicación de cargos.

“Esto es así porque, por disposición estatutaria, es la División de Integridad Pública a quien le corresponde investigar estos casos por tratarse el querellado de un funcionario público en funciones. Se investiga y se evalúa si procede el referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), que por disposición estatutaria es quien determinaría finalmente radicar o no cargos contra el representante”, sostuvo Castellón en declaraciones escritas.

La querella fue radicada a las 11:36 a.m. de ayer, sábado, por hechos ocurridos en el barrio Paso Seco en Santa Isabel, por la perjudicada que les informó a los investigadores que llevaban seis meses de relación.

La Policía informó incorrectamente que la fiscal decidió no radicarle cargos por falta de interés de la perjudicada, con quien presuntamente el legislador llevaba seis meses de relación.

Según la querellante, quien labora como directora ejecutiva en la oficina regional del representante por los distritos de Aibonito, Coamo, Santa Isabel y Salinas, lo denunció porque presuntamente la agredió en el rostro.

La agente Carol Colón, adscrita a la División de Violencia Doméstica del área de Ponce no había logrado entrevistar al legislador, pero, sin embargo, un abogado se comunicó hoy, para poner a disposición a su cliente para ser entrevistado.

Poco antes de que el caso tomara este giro, el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, calificó de “inaceptable, intolerable y repudiable” cualquier ataque contra una mujer, tras conocerse una querella de violencia de género radicada ayer contra el representante.

En ese momento, el primer ejecutivo instó a las autoridades correspondientes a investigar la querella responsablemente, protegiendo a la víctima y salvaguardando los derechos de ambas partes involucradas, expresó en declaraciones escritas. 

"Al representante Rodríguez Ruiz le asiste un debido proceso de ley, pero debe quedar absolutamente claro que, de ser ciertas dichas acusaciones, no hay espacio para la impunidad ante cualquier ataque contra una mujer que sea probado ante las autoridades, independientemente de quien sea el imputado", concluyó el gobernador de Puerto Rico.

La Procuradora Auxiliar de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, licenciada Carmen Lebrón González, hizo un llamado al representante para que rinda cuentas a las autoridades.

"La violencia contra la mujer no debe quedar impune. Tratándose de un funcionario público, electo por el pueblo, la responsabilidad es aún mayor.  La política pública de nuestro gobernador Ricardo Rosselló y de esta oficina es cero tolerancia con la violencia contra la mujer. Eso les aplica a todos", dijo Lebrón González, en un comunicado de prensa.