El juez federal Francisco Besosa podría acoger en los próximos días una recomendación para declarar inconstitucional la ley para crear un registro de números telefónicos pre-pagados, informó la presidenta de la Junta Reglamentadora de Anuncios, Sandra Torres.

La recomendación se la hizo el magistrado federal Bruce McGiverin, quien estuvo a cargo de las investigaciones relacionadas a una demanda radicada por la organización que agrupa a las compañías proveedoras de celulares, CITA (por sus siglas en inglés), contra el gobernador Luis Fortuño.

 Esta organización también pidió una orden "de cese y desista" en el Tribunal Federal de San Juan, bajo el alegato de que la ley es inconstitucional.

“La recomendación del magistrado McGiverin es que la declare inconstitucional, y hay una inclinación a recoger como buenas las recomendaciones del magistrado McGiverin. Con toda probabilidad eso es lo que vamos a estar recibiendo en los próximos días”, dijo Torres en entrevista telefónica con este medio.

La funcionaria explicó que pretenden declarar inconstitucional la ley porque supuestamente violenta el Store Communication Act, un estatuto federal que protege a los consumidores de la divulgación de información personal.

“El tribunal entiende que los derechos de los consumidores no van a estar bien protegidos y que la ley local nuestra choca con esta ley”, afirmó Torres.

Por tal razón, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, quien tenía a cargo la preparación del reglamento a usarse para registrar los celulares prepagados, ya hace gestiones para apelar la determinación en el Tribunal de Circuito de Boston.

 No obstante, este proceso de notificaciones y de radicación del recurso apelativo podría demorar unos dos meses más, aceptó la funcionaria.

 Mientras tanto, la Junta, la Asociación de Bancos y las autoridades federales, unidas bajo el 'task force' llamado Canteo, buscan alternativas para evitar que continúe el fraude a través de llamadas telefónicas hechas con celulares prepagados desde las cárceles del país.

Una de las alternativas que más promueven es la ubicación de los dispositivos "manage access". Estos tienen la capacidad de evitar que las llamadas de celulares se emitan desde las cárceles y registran el número o mensaje de texto enviado a la persona que los confinados intenten contactar. La inversión inicial para instalar esta tecnología podría ascender a $2 millones, indicó Torres.

“Aún hoy en día, la gente sigue cayendo. La Asociación de Bancos cuenta cómo la gente va a bancos a sacar fuertes sumas de dinero para enviarlos a través de casas de cambio de dinero, para que la persona de contacto del confinado vaya a buscar el dinero”, señaló la mujer.

 Las explicaciones de la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones surgen luego de que el autor de la ley que crea el registro de celulares prepagados, el representante Angel “Gary” Rodríguez, denunciara que la implantación de su ley estaba detenida por los federales.

“Entendemos que esta decisión es contraria a los mejores intereses de nuestra ciudadanía y envía un mensaje erróneo. La seguridad de los puertorriqueños siempre, y repito, siempre debe estar por encima de los grandes intereses”, sentenció el representante en un comunicado de prensa.