Representante denuncia alto en el registro de celulares prepagados

10/04/2012 | 07:37 a.m.
El representante Ángel “Gary” Rodríguez culpó a la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones “por no haber sido más proactiva en defensa de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”.

El Tribunal de distrito federal detuvo la implantación del registro de celulares prepagados en la Isla, denunció el autor de la medida legislativa que promulgaba el registro, Ángel “Gary” Rodríguez.

Enojado con la determinación, el representante estadista de Toa Alta culpó a la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones “por no haber sido más proactiva en defensa de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”.

“A principios de semanas nos enteramos que el honorable juez (federal) Bruce McGiverin recomendó que se conceda el interdicto que solicitaron las compañías de celulares en Puerto Rico para evitar que entre en vigor la ley del registro. Entendemos que esta decisión es contraria a los mejores intereses de nuestra ciudadanía y envía un mensaje erróneo. La seguridad de los puertorriqueños siempre, y repito, siempre debe estar por encima de los grandes intereses”, sentenció el representante en un comunicado de prensa.

Este registro se implantaría para tratar de atajar el aumento en incidentes de fraude contra ciudadanos cometidos por teléfono, principalmente, desde las cárceles del país.

“Todo esta oposición de parte de la Asociación de Compañías de Telefonía Móvil (CITA, por sus siglas en inglés) es para evitar que miles de puertorriqueños puedan dormir tranquilos. Muchos de nosotros hemos sido objeto de fraude a través de teléfonos celulares. Cuando la policía interviene, la investigación siempre culmina al conocerse que el esquema ilegal provino de un teléfono prepagado. Sencillamente, no hay registro de quien compra esas unidades. Esto no pude continuar así. Exhortó a los ejecutivos de CITA a que den un paso a favor de sus propios consumidores y desistan de cualquier intento de bloquear la implantación de un registro que todo el mundo, la Policía, el Gobierno, y más importante aún, la ciudadanía; ha reclamado desde el 2009”, expuso.

El también presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes condenó la inacción de la Junta en defender la nueva ley.

“No hay duda que la Junta no actuó activamente para intentar evitar que se colocara un interdicto y no se implementara esta nueva ley. Entendemos que los directivos de la Junta debieron ser mucho más proactivos en defensa de los mejores intereses de Puerto Rico. Tenemos confianza que en el futuro proceso legal, porque esto no ha terminado todavía, la Junta luche tenazmente para garantizar la paz y seguridad de todos los ciudadanos”, concluyó.