La Policía de Puerto Rico apoyó los tres proyectos para aumentar las exigencias reglamentarias sobre la tenencia y portación de armas, incrementar las penas por el uso ilegal de estas y limitar las ventas de municiones.

Las medidas, presentadas por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y otros senadores de la mayoría del Partido Popular Democrático, fueron evaluadas este martes por la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, que preside Miguel A. Pereira.

El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, delegó su presencia en la audiencia pública en la asesora legal Estrella Mar Vega, y dijo favorecer que se agregue a los requisitos para obtener licencia de armas, una declaración jurada que certifique que el solicitante no ha sido convicto de delito grave.

“Estamos a favor de la incorporación de dicho requisito de la declaración jurada, que responde a corolarios de seguridad pública”, sostuvo Vega a nombre de Pesquera.

También favoreció, aunque con enmiendas, el proyecto que impone penalidades mayores a los comercios que, en violación de la ley, vendan a cualquier persona municiones de calibre distinto al que corresponde al o las armas registradas por el comprador. La medida propone una multa equivalente al 10% del ingreso bruto de la empresa.

También con enmiendas, Vega apoyó un proyecto que incrementa las penas por la portación y posesión ilegal de un arma de fuego, por facilitar un arma de fuego a un tercero, o el retener posesión y portación de un arma, aún luego de vencida la licencia.

 También limita este proyecto la discreción del ministerio público para realizar alegaciones preacordadas en los delitos de portación ilegal de un arma de fuego, cuando se impute que la misma ha sido utilizada en la comisión de un delito grave, o su tentativa.

“Reiterándonos en el hecho que se adopten a esta medida todas las enmiendas de sustancia esgrimidas, avalamos la aprobación del P del S 0007, por cuanto está cimentado en máximas de seguridad pública”, expresó la representante de la Policía.

Ese mismo proyecto fue objetado, sin embargo, por la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), cuyas representantes en la audiencia afirmaron que las penas sugeridas perjudican más a los ciudadanos que cumplen con la ley al solicitar y poseer una licencia de armas.

 Las abogadas Verónica Vélez y Ana María Strubbe argumentaron que las penas que ya contiene el Código Penal son suficientemente severas para atender el delito de posesión, portación y uso ilegal de armas de fuego y que la medida concentra en la posesión y portación y no habla del uso.

Censuraron que se quiera imponer penas mayores a personas que solicitaron y tienen licencias para poseer y portar armas, por el hecho de que las mismas vencieron y no fueron renovadas a tiempo.

El senador Bhatia reconoció los argumentos de las abogadas y adelantó que se trabajaría sobre la medida para corregir sus señalamientos.