La constitucionalidad del Artículo 4.04 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico estará sobre el tapete mañana, martes, en una vista argumentativa en el Tribunal de Bayamón.

Un grupo de abogados planteará en ese foro que esta ley viola la Constitución, la jurisprudencia y el derecho aplicable, al considerarlo un castigo cruel e inusitado que viola la intimidad de la persona, representa una intromisión indebida del Estado en la vida de los ciudadanos, viola la dignidad humana y su derecho a la rehabilitación.

La vista, que se celebrará en la Sala 606 del Centro Judicial de Bayamón, fue programada luego de que los abogados Shadiff Repullo Casiano y José A. Rivera Jiménez presentaran una moción de desestimación de cargos presentados contra su clienta, Cecilia Martín Del Valle, quien fue arrestada con un copo de marihuana durante una redada en un caserío al que acudió a comprar la sustancia. 

El arresto, dijo Repullo Casiano, ocurrió fuera del complejo de vivienda.

El artículo proscribe la posesión de sustancias controladas no recetadas por un médico o autorizadas por orden médica, catalogando su infracción como un delito grave, castigable con una pena carcelaria de tres años, que puede aumentar a cinco con agravantes y podría bajar a dos con atenuantes. 

En conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, Repullo Casiano y Rivera Jiménez, junto a los letrados Patricia Vázquez y Juan González, expusieron argumentos de la defensa de su cliente y que es similar a otro en el que se impugna la constitucionalidad del estatuto en el Tribunal de Mayagüez.

“Entendemos que en este caso la acusada no sólo es una persona que no le hizo daño a nadie, sino que el delito por el que fue acusada es un delito inconstitucional y viola tres preceptos básicos del derecho”, sostuvo Repullo Casiano. 

Puntualizó que en el caso se viola el derecho a la intimidad establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico. Es el argumento del grupo peticionario que este artículo intenta regular lo que el individuo hace como “parte del ejercicio de su libertad”, sin efecto a terceros o contra el orden público, sostuvo la abogada.

“¿Puede el Estado regular con castigo de cárcel sustancias que me hagan daño? Tenemos derechos sobre nuestros propios cuerpos”, dijo Repullo Casiano al argumentar que la pena de cárcel dispuesta en el Artículo 4.04 constituye un castigo “cruel e inusitado”, una práctica prohibida por la Constitución de Puerto Rico. 

“Atenta contra el principio de proporcionalidad de nuestro derecho penal. El Estado no puede infligir más daño del que quiere evitarle. Quitarle tres años de libertad a una persona… es un castigo demasiado cruel”, señaló.

El otro precepto que, según los peticionarios, viola también el Artículo 4.04 de la Ley de Sustancias Controladas, es el derecho a la rehabilitación, consignado en la Constitución de Puerto Rico.

“Parte esencial de la rehabilitación es el proceso de reinserción en la sociedad y lamentablemente en nuestra sociedad se penaliza a las personas que cometen un delito. No se les brinda esa igual protección y oportunidades para que se puedan superar y por eso entendemos que una pena de reclusión en este tipo de caso… condenaría más de lo que se supone”, argumento, por su parte, la licenciada Vázquez.

Mientras, Rivera sostuvo que la violación del citado artículo constituye un delito “sin víctima”.

“No estamos protegiendo a la sociedad sino penalizando a la persona que comete la falta. Sabemos que la víctima es la misma persona que comete el acto y se penaliza como si se estuviera protegiendo a una tercera persona”, afirmó.

Preguntado si entiende que existe terreno fértil para que el reclamo a favor de su clienta tenga éxito en una vista que se celebraría dos días después de que el Gobernador le otorgara un indulto condicionado a Jeremy Ruiz Tomassini, convicto por posesión de marihuana para uso personal, Repullo Casiano reconoció que existe escepticismo en el país “por lo que no se practica”.

“En Puerto Rico nunca se había planteado esto ante el tribunal, así que nadie puede predecir si se va a acoger”, agregó. “Irrespectivamente no nos vamos a detener y lo vamos a seguir planteando en todos los casos. Tarde o temprano van a tener que responderle al pueblo y explicarles si tienen el poder o no y el derecho de castigar de esta manera”, sentenció.