Revelan saldo de ofensiva interagencial contra el hurto de cobre

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com 05/08/2013 | 06:10 p.m.
La Junta de Calidad Ambiental ha citado a vistas administrativas a 52 personas relacionadas de alguna manera con el manejo indebido de metales. (Archivo)  
La Junta de Calidad Ambiental ha citado a vistas administrativas a 52 personas relacionadas de alguna manera con el manejo indebido de metales

La ofensiva interagencial contra el hurto de cobre en Puerto Rico ha propiciado el cierre de 45 centros de acopio de metales y el arresto de más de una treintena de sospechosos de incurrir en esta práctica ilegal que deja pérdidas millonarias en la infraestructura del país, reveló hoy, miércoles, la presidenta de un grupo multisectorial movilizado para combatir este problema.

La licenciada Sandra Torres López dijo en vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado que el Comité Interagencial y Multisectorial Contra el Hurto de Cobre y Metales encaminó 45 inspecciones que culminaron con el cierre de igual número de centros de acopio de metales en 2012.

"Se han arrestado 35 personas y denunciado 60 con fianzas ascendentes a $1,044,000", sostuvo Torres López en la audiencia presidida por el senador popular José Nadal Power.

Gracias a la iniciativa coordinada por el citado grupo, que incluye delegados de 11 agencias estatales, Torres López destacó también que la División de Impuesto al Consumo del Departamento de Hacienda ha sometido reclamos ascendentes a $585,591.

Mientras, la Junta de Calidad Ambiental ha citado a vistas administrativas a 52 personas relacionadas de alguna manera con el manejo indebido de metales, agregó la abogada y presidenta del comité.

El hurto de cobre y otros metales "causa pérdidas millonarias y atenta contra la seguridad de la infraestructura de Puerto Rico", destacó Torres López al explicar que al comité también se ha integrado personal de la empresa privada y de agencias federales.

Desde su creación en 2010, el comité ha encaminado 117 inspecciones de 444 centros de acopio de metales para procurar el cumplimiento de la Ley 105 de 2007, entre otros estatutos. Por hurto y manejo ilegal de metales se han arrestado en un plazo de dos años 101 personas y se han impuesto multas diversas que en conjunto suman más de $1.9 millones.

La licenciada Torres López también preside la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y en la vista resumió logros de esa entidad y discutió el presupuesto recomendado para la misma durante el nuevo año fiscal, que asciende a $14.1 millones.

Sobre la Junta, dijo que el fondo operacional y reserva de la entidad "han sufrido una serie de retiros de dinero que han erosionado las finanzas".

"Estos retiros ascienden a $42 millones aproximadamente, los cuales han sido utilizados para otros propósitos, no contemplados en la Ley de Telecomunicaciónes", reconoció al justificar la solicitud de una línea de crédito de $8 millones para nutrir el fondo operacional de la Junta.

Argumentó que la Junta "se vio precisada" a demandar al exdirector ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Pavía e incluso al Banco Gubernamental de Fomento ante la negativa de otorgar la citada línea de crédito, pero se desistió de la demanda cuando se aprobó la misma.

Esos fondos, según aseguró, permitiran comenzar a reembolsar a compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciónes un subsidio garantizado mediante el Fondo del Servicio Universal de Puerto Rico.

Una situación con duplicados de beneficiarios del programa Lifeline obligó a la suspensión de los subsidios en 2010, cuando se inició una investigación sobre el asunto.