Revés judicial para Pablo Casellas

Por Cynthia Lopez Cabán / cynthia.lopez@gfrmedia.com 04/29/2013 | 02:48 p.m.
En la casa de Pablo Casellas Toro también se incautaron varias armas. (Mariel Mejía Ortiz/ GFR Media)  
Jueza establece que Casellas Toro consintió de forma expresa y voluntaria el registro y ocupación de más de 30 armas.

El ministerio público podrá presentar como evidencia en el juicio que sigue contra Pablo Casellas Toro, acusado por la muerte de su esposa Carmen Paredes, las armas ocupadas en la residencia de la pareja el pasado 14 julio, día en que ella apareció muerta en el inmueble.

Dos de las armas ocupadas por las autoridades ese día y otra que no apareció, pero que se encuentra registrada a nombre de Casellas Toro, disparan balas calibre 5.7 x 28 compatibles con los casquillos de balas encontrados en el área de la piscina, donde el corredor de bienes raíces descubrió supuestamente el cuerpo inerte de su pareja en una silla junto a dos periódicos y una bebida.

La decisión de la jueza Vivian Duriex Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, ocurrió tan pronto la fiscal Janet Parra y el abogado Harry Padilla Martínez hicieran sus argumentaciones finales durante una vista de supresión de evidencia, que se extendió dos días. 

En su decisión, la magistrada estableció que Casellas Toro consintió de forma expresa y voluntaria al registro y la ocupación de las más de 30 armas, que las autoridades tomaron de la oficina del ejecutivo de bienes raíces y que se encuentra cercana del área de la piscina donde apareció el cuerpo baleado de su esposa.

Planteó, en una breve alocución, que las acciones de Casellas Toro durante el tiempo en que las autoridades realizaron el inventario de sus armas constituye una consentimiento “tácito”, mientras Padilla Martínez escuchaba sus palabras de pie.

Duriex Rodríguez también apuntó que la presencia del abogado Arturo Negrón García, quien forma parte de la defensa, y del juez federal Salvador Casellas, padre del acusado, durante el registro “abonan” al planteamiento de que el consentimiento de Casellas Toro se realizó de forma voluntaria.

A su salida de sala, la fiscal Parra se mostró satisfecha con la decisión de la jueza, que admitió “prueba esencial en el caso, según afirmó en su exposición en corte abierta.

Fuera de sala, sin embargo, no comentó sobre la prueba.

 
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Padilla Martínez anticipó a este medio su intención de recurrir al Tribunal de Apelaciones para recurrir la determinación de la magistrada, que supone un golpe para la defensa.

Tres armas con el mismo calibre

En la mañana, el fiscal Gustavo Vélez declaró que Casellas Toro poseía tres armas capaces de disparar balas calibre 5.7 x 28 compatibles con los casquillos de balas encontrados alrededor del cuerpo de su esposa.

Explicó que en la oficina del acusado encontraron un arma que utiliza balas calibre 5.7 x 28 y otra cuyo cañón se podía cambiar para disparar este tipo proyectil. La tercera arma no se encontró en la casa de Casellas Toro.

Un arma que Casellas Toro reportó como hurtado el Día de los Padres, cuando supuestamente sufrió un "carjacking" en las afueras del Club de Tiro Metropolitano, utiliza este mismo tipo de bala.

A preguntas de la fiscal, su colega Vélez precisó que llegó a esta conclusión tras comparar el inventario de armas ocupadas en la residencia con una copia del Registro Electrónico de Armas de la Policía. Este documento consignaba el tipo de arma registrada a nombre del acusado y el calibre que utilizaba cada una de las piezas.

Como los dos agentes que testificaron previamente, Vélez indicó que la oficina donde se ocuparon las armas se encontraba regada con basura, papeles, armas de fuego y municiones tiradas en el suelo.

Apuntó que también ocuparon todas las armas de Casellas Toro porque el estado en que estaban constituía una violación a la Ley de Armas de Puerto Rico, y porque tenían información de que faltaban algunas.

Además, tres armas del Registro Electrónico utilizaban balas que soltaban casquillos similares a los ocupados al lado del cuerpo de la esposa del acusado.

En su testimonio, Vélez señaló que no procuró una orden de allanamiento para ocupar las armas, ni realizó advertencias a Casellas Toro, porque en ese momento el acusado no era considerado sospechoso del asesinato de Paredes.

“No había que hacerlo. En ese momento, él era el perjudicado, no era un sospechoso”, afirmó.

“La investigación no estaba centrada en él”, agregó a preguntas de Parra, quien representa al ministerio público junto a Sergio Rubio y Phoebe Isales.

Vélez también explicó que el acusado abrió la puerta de su oficina mientras el juez Casellas se encontraba a su derecha y Negrón García, quien se presentó ese día como abogado del acusado, a su izquierda.

Aseguró que Casellas Toro se mostró cooperador y que incluso en un momento les dio autorización para llevarse una caja fuerte que se encontraba cerrada y cuyo acceso el acusado había olvidado.

En la casa de Casellas Toro, también se ocupó un arma sobre el bául de un vehículo estacionado en la marquesina de la residencia y dos armas de perdigones, una en la cocina y otra en el patio cercana al área del gazebo.

Padilla Martínez cuestionó al fiscal Vélez sobre las razones para no hacerle las advertencias a su cliente. También cuestionó que las autoridades no procuraran una orden de allanamiento para ocupar la treintena de armas.

Además, insistió en una línea de preguntas para intentar demostrar que las autoridades saltaron el protocolo de manejo de armas de la Policía, porque las piezas ocupadas se enviaron directamente al Instituto de Ciencias Forenses para análisis y no se mantuvieron bajo la custodia policiaca.

Durante el directo a Vélez, el acusado lució nervioso moviendo constantemente la pierna, donde lleva el grillete. Negrón García también se pasó las manos por el rostro en varias ocasiones.

Pero cuando Padilla Martínez realizaba sus preguntas se mostraban más relajados y quietos en sus asientos, al lado de una técnica privada que graba los procedimientos para la defensa.

Prueba "esencial"

En sus palabras de cierre, Parra reconoció la importancia de las armas para probar la teoría del caso.

“Son parte esencial de este caso”, afirmó la fiscal.

Durante la defensa del proceder de las autoridades, Parra afirmó que Casellas Toro, el juez Casellas y Negrón García en ningún momento objetaron el registro y la ocupación de las armas.

Apoyó este planteamiento recordando que el juez Casellas no se negó a que las autoridades registrarán el vehículo que se encontraban en la marquesina y así se hizo. También machacó que fue el propio juez Casellas quien movió dicho vehículo para facilitar el inventario de las armas.

Martínez Padilla, por su parte, insistió en planteamientos técnicos que enfatizaban la alegada violación a las Reglas de Evidencia y la falta de advertencias a su cliente.

Enfatizó que las autoridades tuvieron la oportunidad de redactar un documento de consentimiento o procurar una orden de allanamiento, pero no lo hicieron.

Ante estas y otras omisiones, el abogado insistió en que la ocupación de las armas se realizó de forma ilegal y sin consentimiento porque nunca medió una orden de allanamiento.