El expresidente de la Cámara de Representantes, Edison Misla Aldarondo, quien en 2003 fue sentenciado a una pena de reclusión de más de 20 años, salió de prisión esta tarde, confirmó el portavoz del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), César Fiallo.

Misla Aldarondo recibió el privilegio de cumplir el resto de su sentencia en reclusión domiciliaria gracias al Programa de Comunidad del DCR, después que un comité evaluó favorablemente la petición del confinado, quien en 2014 reclamó consideraciones humanitarias debido a quebrantos de salud, según explicó Fiallo.

El exlegislador salió de la prisión 501 del Complejo Correccional de Bayamón a las 4:00 p.m., escoltado por guardias penales y personal del DCR que lo condujeron hasta “la residencia a la que está asignado”, sostuvo Fiallo en entrevista telefónica. Se presume que es el hogar de un familiar, pero el portavoz correccional no ofreció detalles al respecto.

Según Fiallo, la gracia recibida por el exlegislador novoprogresista se otorga mediante el Programa de Pase Extendido, pero está condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones que no desglosó. Destacó, sin embargo, que el confinado está sujeto a supervisión electrónica con un grillete que se le colocó esta misma tarde y dijo que por el momento se mantendrá en estricta reclusión domiciliaria.

Se refirió a que, al menos durante un periodo de 60 días, Misla Aldarondo será supervisado constantemente y tendrá que mantenerse siempre en la casa donde se le autorizó a estar fuera de prisión, a menos que sea convocado a una cita con un oficial sociopenal o por razones de salud para ser atendido por médicos en algún hospital.

El confinado debía extinguir su sentencia tras las rejas en 2018, pero consideraciones aprobadas en el sistema correccional le han permitido el nuevo privilegio, que podría ampliarse después de 60 días, mencionó Fiallo.

Indicó que si cumple las condiciones impuestas al presente, las cuales no divulgó, Misla Aldarondo podría recibir permisos para estar por ciertos periodos fuera de la casa, aunque siempre bajo supervisión electrónica. Además, permanece indefinidamente en el Registro de Ofensores Sexuales.

Fiallo estimó que la evaluación del comité correccional que aprobó la concesión del privilegio que disfruta desde esta tarde Misla Aldarondo debió producirse en el último trimestre de 2014.

El año pasado, Misla Aldarondo denunció que no recibía tratamiento médico adecuado en prisión. En ese momento trascendió que tenía un padecimiento de piedra en la vejiga. Debido a sus planteamientos se llevaron a cabo audiencias centradas en garantizarle adecuada atención a su salud.

Previamente el otrora máximo líder del Partido Nuevo Progresista encaminó diversos trámites para ser ubicado en un centro de tratamiento social, en lugar de una prisión regular. Desde que ingresó a prisión se alegaron irregularidades en el manejo de su expediente, principalmente en los importantes cálculos sobre los términos de cumplimiento de su sentencia.

Una hoja de liquidación de sentencia estipuló que el mínimo de la pena lo cumplía el 19 de diciembre de 2013 y para el máximo de la pena se detectaron dos fechas: una el 20 de diciembre del 2019 y otra el 26 de septiembre de 2018. Al cumplir el mínimo de sentencia, un confinado con buenos ajustes en prisión cualifica para ser evaluado para programas de desvío, como el que se le ha concedido al presente.

Misla Aldarondo recibió una sentencia consecutiva de 22 años por delitos sexuales, así como por delitos de corrupción gubernamental y luego incluso fue penalizado por violación a normas correccionales al implicársele en el uso de un teléfono celular en prisión.

Sentenciado en 2003

El exrepresentante quedó detenido en prisión desde julio de 2002 y fue condenado a 10 años de cárcel en 2003 por cometer actos lascivos e impúdicos contra su hijastra menor de edad. Ese mismo año, se declaró culpable de cargos de tentativa de violación y perversión de menores, por otro incidente de agresión sexual contra una amiga de su hijastra. Se le dictaron tres años más de forma consecutiva, para un total de 13 años.

En 2004 fue hallado culpable en 15 cargos de corrupción por la venta fraudulenta del Hospital de Manatí y se le dictó una pena de nueve años consecutivos con las penas anteriores, para un total de 22 años de presidio.

El una vez poderoso político ingresó al sistema correccional estatal en 2007, después de cumplir una sentencia federal de poco más de cinco años de cárcel. Poco después se supo que la condena estatal se calculó sólo a base de 13 años de prisión.

Sus reclamos llegaron a ventilarse en el Tribunal de Apelaciones donde se debatió las fechas sobre cumplimiento de sentencia. El confinado alegó que en mayo de 2010, cumplía el 20 por ciento de la pena.

Sin embargo, el 14 de abril pasado Corrección emitió una hoja de liquidación de sentencia para aclarar que su sentencia no es de 13 años, sino de 22 años de cárcel. Sin embargo, se ha planteado que nunca le computaron una pena de nueve años que dictó el juez superior Heriberto Sepúlveda Santiago el 28 de junio de 2004, por el caso sobre irregularidades en la venta del Hospital de Manatí.

Desde 2008 reclamó que se le permitiera estar en un programa de desvío y finalmente se le ha concedido su insistente petición.