Uno de los acusados de matar al estilista Miguel Rodríguez Fernández saldrá libre hoy con un grillete porque se vence el plazo de seis meses establecido en la Constitución como el tiempo máximo que puede estar encarcelada una persona sin que inicie el juicio en su contra.

El padre de Miguel, Julio Rodríguez, dijo que tanto su familia como los amigos de su hijo asesinado se sienten amenazados ante la salida del acusado Francisco Miranda Sánchez.

Según don Julio, la responsable de la salida sin que se iniciaran los procesos es la directora de la Sociedad para la Asistencia Legal en Ponce, Margarita Rentas Font, quien tardó en asignar a un nuevo abogado al caso, a pesar de la solicitud que le hizo el juez Carlos Salgado Schwarz.

Miranda Sánchez estaba representado originalmente por la licenciada Natalie García, quien desde diciembre se acogió a una licencia por maternidad. Todos los casos que García tenía pendientes se reasignaron excepto este, aseguró don Julio.

“El juez le ordenó a la directora de Asistencia Legal en Ponce que asignara un abogado y que el caso no se podía seguir posponiendo, pero ella no lo hizo hasta (ayer) que entonces en una forma de descaro, dijo que sí había asignado un abogado, pero que no iba a presentarse en sala porque no estaba preparado. Ella lo atrasó todo a propósito. Dijo que las fiscales eran irresponsables y les gritó, pero quien no hizo su trabajo fue ella”, alegó don Julio en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Desde julio, (Rentas Font) sabía que la licenciada García daría luz en diciembre y nunca hizo los arreglos para asignar otro abogado. (Ayer) tampoco quiso ella tomarle juramento a los testigos que estaban todos allí. Ella podía hacer eso, pero no quiso”, agregó.

Llamadas a las oficinas de la SAL en Ponce no fueron contestadas, como tampoco los correos electrónicos para poder tener la versión de Rentas Font. Otras gestiones para conseguirla tampoco rindieron resultado.

“Ahora él (Miranda Sánchez) va a salir a la libre comunidad (hoy)... y nosotros nos  sentimos amenazados… además la abuela de él amenazó a uno de los amigos que es vecino de ella, que no pasara por allí. Al salir a la calle esta persona es un peligro, es un riesgo para cualquiera de nosotros”, expresó.

Miguel Rodríguez Fernández fue asesinado el 17 de julio en el barrio Gabia, de Santa Isabel.  Por ese crimen están acusados Miranda Sánchez y su padre Francisco Miranda Bermúdez. Los casos se verán por separado. El proceso judicial contra el padre está pautado para iniciar el 25 de enero, pero ya le tomaron juramento a los testigos, por lo que se detuvo la cuenta de los seis meses.

“Todo esto es bien fuerte para nosotros porque estas personas no le dieron una puñalada a Miguel, le dieron 51, son una amenaza. Y además le pasaron el carro por encima, le rompieron un tobillo y la rodilla… a mí me tocó verlo en el hospital", dijo don Julio sin poder contener el llanto.

“Había alternativas para evitar esto sin que se le violaran sus derechos”, agregó.

El Departamento de Justicia, a través de la fiscales Anette del Carmen Esteves Serrano y María del Carmen Tripari Quintana, había adelantado que solicitaría agravantes por crimen motivado por prejuicio (conocido también como crimen de odio) debido a unas expresiones vertidas por los dos acusados al supuestamente admitir su culpa.

El agravante de crimen de prejuicio tiene que probarse en corte. De lograrse una convicción con este agravante, se toma en consideración al momento de dictar sentencia.

Se desprende de la pesquisa policiaca que Miranda Sánchez había sostenido una relación íntima con la víctima.

Los dos imputados fueron acusados el 21 de julio y se encuentran ingresados en la cárcel Las Cucharas de Ponce. La Policía clasificó el caso en su momento como uno de violencia de género.