Un comité de abogados se reunirá este viernes con los fiscales de la División de Integridad Pública que tienen a su cargo los casos del fraude electoral en Guaynabo y en Cataño con miras a un acuerdo para reclasificar los cargos a delitos electorales menos graves.

La reunión de negociación será en horas de la tarde en el Departamento de Justicia en Miramar.

Uno de los abogados, Roberto Alonso, reveló que hace unos meses les sometieron una propuesta a los fiscales y que estos le informaron hoy que el viernes comenzarán a discutir un posible acuerdo mediante el cual todos los acusados se declararían culpables de los delitos menos graves que establece el Código Electoral.

“Hasta ahora el 'plea' (acuerdo) está admitido para fines de negociación”, adelantó Alonso a este medio.

El abogado indicó que de concretarse el plan transaccional, se resolverían las controversias pendientes en el Tribunal de Apelaciones y los numerosos casos, algunos de los cuales ya están en etapa de juicio en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

“El Estado se economizaría miles de dólares en los procedimientos, en el tiempo y uso de recursos. Esto es para todos, penepés y populares”, dijo Alonso, quien indicó que son más de 50 casos.

El fiscal que encabeza los casos, Edmanuel Santiago Quiles confirmó el cónclave en la sede de Justicia.

“Va a ser una reunión de buena fe”, se limitó a decir Santiago Quiles.

 En la reunión estarán el jefe de Integridad Pública, Alberto Varcárcel, y los demás fiscales asignados a los casos.

Además de Alonso, integran el comité negociador los abogados Luis O. Rodríguez, Antonio Bauzá y Alexis Acevedo.

“El razonamiento jurídico logra madurar para empezar a aceptar que las imputaciones son de carácter electoral ya que corresponden al Código Electoral. El Estado tiene toda la autoridad para incursionar en el registro electoral del ciudadano”, indicó Alonso.

Arguyó, sin embargo, que bajo la ley criminal el Estado “tiene un impedimento natural”.

Alonso dijo que después de la reunión “perfeccionarán” la propuesta para discutirla con todos los abogados de los acusados y producir finalmente un documento de estipulación.

Entretanto, hoy dos de los imputados por el fraude electoral en el municipio de Cataño renunciaron a la vista preliminar, uno de ellos con miras a un posible acuerdo. 

La jueza superior de Bayamón Miriam Jusino Marrero les determinó causa para juicio al abogado Luis Cordero Rivera y a Marangeli Vilanova Santo Domingo, secretaria administrativa del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Cataño, por los cargos de falsedad ideológica, archivo de documentos falsos y perjurio que se le imputan.

La abogada de Cordero Rivera, Mayra López Mulero dijo que su cliente renunció a la vista preliminar “por razones estratégicas” de la defensa.

“Lo que hay es un esfuerzo extraordinario de investigación por parte de la defensa. Tenemos evidencia robusta que es el resultado de un trabajo realizado por esta abogada en su propia investigación y que no fue considerada inicialmente por las autoridades investigativas del Estado”, sostuvo la abogada.

El juicio contra Cordero Rivera, quien ahora labora con el Cuerpo de Bomberos, quedó programado para el 21 de mayo.

En el caso de Vilanova Santo Domingo estuvo representada por los abogados Eduardo de Jesús y Carlos Beltrán.

El fiscal Miguel López Birriel dijo que la acusada se allanó a la determinación de causa probable con miras a un acuerdo. El juicio quedó señalado para el 30 de mayo.

Los abogados de otro de los imputados por los mismos hechos, de Cataño, el comerciante William Fuertes Romeu solicitaron la desestimación de los cargos amparándose en una sentencia de la jueza Carmen Ana Pesante, de un comité ad hoc, de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Pesante desestimó la querella del representante José “Quiquito” Meléndez contra Fuertes Romeo luego que el propio legislador así lo pidió, dijeron al tribunal los abogados del comerciante, Roberto Alonso y Harold Vicente.

 El fiscal Santiago Quiles indicó que Justicia se enteró de la sentencia de la CEE el pasado mes de marzo, pero sostuvo que se reunirá el viernes en la mañana con el representante Meléndez para saber por qué retiró la querella.

La jueza Agnes Oriola, quien atiende el caso, citó a las partes para el 2 de mayo en la tarde.

En el caso de Cataño, son cuatro los imputados y los fiscales alegan que ofrecieron información falsa sobre su lugar de residencia a la Junta de Inscripción Permanente con el propósito de favorecer en las pasadas elecciones al actual alcalde, José Rosario, del Partido Popular Democrático.

A los restantes acusados, que sobrepasan los 50, se les imputa hacer transferencias electorales falsas en Guaynabo de cara a la primaria penepé en la Cámara en enero de 2012 para favorecer al ahora representante Antonio “Tony” Soto, candidato del alcalde Héctor O’Neill. El esquema fue develado en una investigación periodística de El Nuevo Día.