Al anunciar en conferencia de prensa la radicación de cargos contra seis individuos sospechosos de ultimar hace 10 años en Guaynabo al exprocurador de Menores, Antonio R Barceló Jiménez, y sus hijas Laura y Yahaira, el secretario de Justicia, César Miranda, recalcó este martes en que no importa el tiempo que pase, su agencia y la Policía seguirán trabajando para que este tipo de crímenes no queden impunes.

“Ninguno caso lo damos por perdido. Aquí ni nos cansamos ni nos rendimos. Vamos a continuar trabajando con los casos y buscando el esclarecimiento de cada uno. A 10 años de ocurridos estos hechos tenemos la grata nueva de que se está radicando (en los tribunales)”, dijo Miranda en conferencia de prensa en el Cuartel General de la Policía acompañado por el superintendente, José Caldero.

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El jefe de la Policía recordó, entretanto, que él junto a fiscal general José Capó, quien también se presentó en la conferencia de prensa, trabajaron el caso desde la misma noche del crimen el 11 de diciembre del 2004.

Al recordar el tracto del caso, Miranda indicó que le pesquisa estuvo en manos de la fiscalía de Bayamón hasta el 2009, cuando pasó a la división de Crimen Organizado que dirigía el fiscal Jorge Colina. En el 2012 asumió la pesquisa el fiscal Martín Ramos Junquera, quien hoy presentó la prueba en el Tribunal de Bayamón.

Los imputados por tres cargos de asesinato y conspiración son: Alexis Rivera Huertas, Albert Saldaña Esquilín, Israel Sánchez De La Rosa, Abdiel Moreau Dones, Ángel R. Díaz Vélez y Billy De Jesús Reyes. Los primeros tres están presos, los siguientes dos se encuentran en Estados Unidos y De Jesús Reyes, el único sin récord delictivo, fue arrestado anoche en el residencial Manuel A. Pérez. En total, 11 personas participaron del crimen, cinco de las cuáles ya murieron.

“Esto no es tarea sencilla. Yo quiero que la gente entienda. No es tarea sencilla esclarecer este tipo de caso. Es validar, corroborar los hechos que hoy se pueden alegar en una acusación”, sostuvo el titular de Justicia.

Miranda recordó que durante los pasados años se recibieron confidencias que apuntaban a la identidad de algunos de los sicarios, pero no fue hasta hace un año y nueve meses que se identificó el testigo cuyo testimonio dio paso a la acusación gracias a la intervención del fiscal Ramos Junquera y la agente Karina Ojeda, de la división de Crímenes Mayores. Indicó que incluso se tuvo que recurrir a los planos originales de la intersección donde ocurrió la matanza en el cruce de la PR-2, en Guaynabo, con la avenida Rafael Martínez Nadal, para validar parte del testimonio.

“Desde que creamos la Unidad de Crímenes Mayores han sido largas las horas de trabajo investigativo que han rendido frutos junto a los fiscales del Departamento de Justicia”, afirmó Caldero.

¿Cómo se radican cargos 10 años después?, se les preguntó.

“Hasta el momento y de la manera en que radicamos el caso… tenemos un testigo cooperador y no voy a dar ningún otro detalle sobre su procedencia. Ese testigo brinda información que otros habían brindado, pero no había podido ser corroborada. Este (testigo) en particular, la información que brindó denotaba cierto grado de credibilidad y posterior a eso fuimos al detalle”, intervino Capó.

“En su momento se sabrá”, contestó Capó a la pregunta sobre si el testigo participó del crimen.

Preguntado sobre cuánta confianza podría tener un testigo que coopera unos 10 años después de los eventos, Miranda aseguró que, en este caso, el factor tiempo no aplica. “A eso obedece a que el testimonio que se haya prestado haya sido corroborado a la saciedad para validar que lo que este testigo ha dicho es la verdad”.

Capó, por su parte, minimizó el hecho de que aunque se ocuparon casquillos de rifle y de pistola en la escena, no hay armas para analizar. “Con la comparación microscópica del material en la escena y los cadáveres corroboran… no le puedo adelantar la estrategia. Le garantizo que las piezas de evidencia levantadas en los cuerpos y en la escena corroboran la versión que nos brinda el testigo”.

Según dijo Caldero, de la pesquisa se desprende que el grupo de 11 sicarios, que incluye a cinco asesinados (Jeffrey Rojas Martínez, Joseph Negrón Quiles, Efraín Pérez Cora, Miguel Esquilín Millán y Jayson Carrasco Guivas), todos vecinos de diferentes caseríos de San Juan, se movieron al Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón en tres vehículos tras recibir una llamada en que se indicaba que un rival del caserío Monte Hatillo se encontraba en un concierto de música urbana al que acudieron las dos hijas de Barceló Jiménez que fueron asesinadas, otras dos hijas del funcionario y una amiga de la familia.

Barceló Jiménez manejaba un auto Grand Marquis similar al que conducía el blanco de los sicarios. Así las cosas, al salir del coliseo, su auto fue identificado y lo fueron vigilando durante toda la ruta en posiciones estratégicas hasta llegar a la intersección, donde los asesinos abrieron fuego.