El acoso le costó caro.

José Cordero Pérez, empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hoy se vio contra la pared y horas antes de que comenzara la selección de un jurado que evaluaría la prueba en su contra, alzó las manos y se declaró culpable en cuatro cargos: uno de acoso sexual, dos de negligencia en el cumplimiento del deber y uno de alteración a la paz.

Por tratarse de delitos menos graves, que no conllevan pena carcelaria, el juez Jaime Rodríguez le impuso $1,200 de multa. 

Se trata del primer caso de acoso sexual entre un funcionario y una ciudadana privada.

Mientras esperaba en los pasillos del Centro Judicial en Aguadilla, Cordero Pérez también recibió un emplazamiento por una demanda en el foro federal por violación de derechos civiles, ascendente a $12 millones; el pleito también incluye a la AEE. 

La víctima, Marcia Gil Caraballo, dijo al salir de sala que logró que se le hiciera justicia a pesar de que el proceso se extendió tres años luchando para que la escucharan.

“Esta no es solo mi victoria, es la victoria de cada mujer víctima de acoso que por miedo se queda callada”, expresó en entrevista telefónica con Primera Hora, tras dar las gracias a los fiscales del Departamento de Justicia y a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

“Estamos satisfechos porque la investigación la comenzamos en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para proteger los derechos de la perjudicada. Ahora como Secretaria de Justicia, podemos decir que se le hizo justicia a la víctima”, manifestó Wanda Vázquez Garced. 

Los hechos en este caso iniciaron en mayo de 2014, cuando Cordero Pérez fue a inspeccionar el contador de electricidad en la casa de Gil Caraballo en Aguadilla, en lo que alegó era un operativo para detectar posible mal uso de los contadores en la comunidad.

Desde ese día, el hombre entabló conversaciones con Gil Caraballo y le aseguró que su contador estaba alterado, pero que no acudiera a las oficinas comerciales porque era él quien podía ayudarla. 

El empleado de la AEE comenzó entonces a invitarla a salir, le envió fotos de índole sexual y pasó por su residencia en múltiples ocasiones, en y fuera de horas laborables, incluso en autos oficiales.

A pesar de las denuncias de la abonada ante casi una decena de gerenciales, la AEE nunca hizo algo al respecto, según corroboró la OPM. 

Precisamente, todavía queda pendiente una multa de esa oficina contra la AEE que conocía del patrón de conducta del empleado y no tomó guna medida correctiva.

En una contestación genérica e ignorando sus propios reglamentos, asesores legales de la AEE dijeron ayer a través de la portavoz de prensa Bruni Torres, que ahora tienen que evaluar la sentencia para determinar el curso a seguir admnistrativamente contra Pérez Cordero.

Sin embargo, hay una determinación de la AEE de que correspondía el despido inmediato por siete fallas, algunas con agravantes.

Aunque en mayo del año pasado la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) había dicho que su pesquisa estaba “sumamente adelantada”, hasta ayer todavía era incierto si presentarían multas por violaciones al Reglamento de Ética Gubernamental.