José M. Prado Colón, acusado junto a otras cuatro personas por el esquema de tramitar licencias de portación de armas de fuego fatulas a través de la armería The Lawman Gunshop, en Bayamón, hizo alegación de culpabilidad y se enfrenta a una pena de cárcel de tres años y un mes.

El instructor de tiro, de 64 años, enfrentaba cargos por robo de identidad agravada y producción de documentos falsos, dado a que cobraba por emitir certificaciones de cursos de uso y manejo de armas, pero en realidad no los ofrecía.

Prado Colón admitió los hechos ante el juez federal Francisco A. Besosa, quien pautó la lectura de sentencia para el 8 de enero de 2015.

El fiscal Luke Cass detalló que el acuerdo al que llegó con los abogados del acusado, Wilfredo Díaz Narváez y Vivian Torralbas, era para una sentencia recomendada de tres años y un mes de cárcel.

Cuando el juez le preguntó para qué estaba en sala hoy, Prado Colón contestó: "Vine para declararme culpable de los delitos que cometí y que el Gobierno tome acción".

Los coacusados en este caso son el abogado notario Antonio Peluzzo Perotín, el también instructor de tiro Julio Medina Mojica, y los dueños de la armería, María del Carmen Rivera Negrón y su esposo Julio Colón Santiago.

El matrimonio se declaró culpable a principios de agosto por tramitar licencias fatulas en su negocio. La lectura de sentencia contra ambos está pautada para el 11 de diciembre. La pena recomendada es de entre cinco años y 12 años de prisión.

Rivera Negrón y Colón Santiago fueron arrestados el 13 de marzo pasado al enfrentar 490 cargos por supuestamente llevar a cabo un esquema para gestionar licencias fatulas de portación de armas a por lo menos 1,300 personas. Cobraban entre $1,000 y $1,500 por cada solicitud y contaban con la ayuda del abogado notario y coacusado en este caso, Peluzzo Perotín, quien fue detenido en diciembre de 2013 y quien podría declararse culpable, según adelantó su abogado en una moción escrita, pero esto no ha ocurrido aún.

Según la pesquisa, los acusados gestionaron las licencias falsas y al menos una de éstas fue para un convicto, quien tiene prohibido poseer armas de fuego. La pareja diligenciaba los permisos ilegalmente al tener acceso directo a la Comandancia de Bayamón, donde supuestamente llevaban donas, pitorro y café a cambio de la ayuda.

De haber ido a juicio y ser encontrados culpables, los acusados se exponían a una pena máxima de 15 años de cárcel por la falsificación de documentos de identificación, cinco años por falsificación de documentos de tribunales, cinco años por conspiración, dos años por cada uno de los casos de robo de identidad y 10 años por ayudar a una persona convicta de delito grave a poseer y portar un arma de fuego.