Las dos últimas personas acusadas por el "carjacking" y asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín hicieron alegación de culpabilidad esta tarde ante el juez federal Daniel R. Domínguez en el Tribunal Federal del Viejo San Juan. 

Alejandra "Pochi" Berríos Cotto, de 24 años; y Lenisse "Prieta" Aponte Aponte, de 27 años; se declararon culpables por actuar en concierto y común acuerdo junto a otros dos acusados para robar el Toyota Matrix del perjudicado, a quien luego quemaron y golpearon hasta causarle la muerte en un paraje solitario en Cayey en 2012.

El juez instruyó a las acusadas sobre las guías de sentencia sugeridas en su caso, advirtiéndoles que les puede imponer una pena menor o mayor, hasta cadena perpetua.

En el caso de Berríos Cotto, la pena es de entre 24 y 30 años, mientras que la de Aponte Aponte es de entre 19 años y medio y 24 años, dado a que fue catalogada como una "participante menor".

La lectura de sentencia fue señalada para el 8 de mayo.

Al salir de sala, la viuda del fallecido, Nadya Ruiz, se limitó a decir que "ya el daño está hecho".

"Se hablan de cosas que nadie sabe. Lo que dicen es lo que esos cuatro criminales dijeron. El daño ya lo hicieron... Nadie se libra de la justicia divina", expresó Ruiz, acompañada por familiares y amigos.

Los otros dos acusados, Rubén Delgado Ortiz y Edwin "Bebo" Torres Osorio, se habían declarado culpables anteriormente. La sentencia del primero está pautada para el 19 de febrero y la de Torres Osorio, el 7 de abril.

Según la pesquisa, el 29 de noviembre de 2012 los acusados estaban en casa de Aponte Aponte cuando la mujer, que se prostituía, les contó que no tenía dinero suficiente para pagar la renta, por lo que planificaron buscar un cliente que le pagara una deuda ficticia.

Más adelante, Aponte Aponte esperó en la calle Padial, en Caguas, hasta que Gómez Saladín se acercó en su carro, y ella se montó al vehículo con Berríos Cotto y se marcharon del lugar por unos 25 minutos.

Al regresar, Torres Osorio y Delgado Ortiz amenazaron al conductor para que le pagara a Aponte Aponte la supuesta deuda que se habían inventado. Delgado Ortiz tenía un rociador de gas pimienta en el bolsillo y lo usó para simular que tenía un arma.

Bajo amenaza, el grupo llevó a Gómez Saladín a un cajero automático del Banco Popular, donde le obligaron sacar $400. Delgado Ortiz le dio el dinero a Aponte Aponte, quien le devolvió $100.

Fue entonces que se llevaron a la víctima hasta una antigua prisión en Guavate, en Cayey.

Según la denuncia, los hoy acusados iban planificando cómo lo matarían, preguntando: "¿Cómo lo hacemos? ¿Lo freímos, quemamos o le pasamos el carro por encima?".

Poco después, el cuarteto compró gasolina y al llegar a la antigua cárcel en Guavate, pusieron torturaron, golpearon y quemaron a la víctima hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente.