Los cinco transportistas escolares acusados por restringir el comercio interestatal y cometer fraude postal tras detectarse irregularidades en los procesos de contratos de transportación escolar en el municipio de Caguas en 2014, hicieron alegación de no culpabilidad por los cargos que se les imputa.

Alfonso González Nevárez, mejor conocido como Junito, hizo lo propio esta tarde durante la lectura de acusación ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll. Los demás lo hicieron por escrito.

El propietario de Junito Bus Line, de 44 años, está libre bajo fianza, al igual que los coacusados Gavino Rivera Herrera, dueño de un negocio de transportación en la barriada La Barra, en Caguas; Luciano Vega Martinez, de L.V. Transport, Inc.; José Arroyo Quiñones, president de Transporte Escolar J.L.; y René Garay Rodríguez, dueño de Gary Bus Lines, Inc.

La investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) surgió al detectar irregularidades en el proceso de contratos de transportación escolar y se alega que los implicados suprimieron y eliminaron su competencia al repartirse rutas y manipular subastas.

Según la pesquisa, los comerciantes acordaron no competir entre sí y sometían precios inflados para las rutas que no les interesaba cubrir. Así aparentaban que había competencia entre las empresas implicadas en el esquema. Los transportistas acordaron licitar precios altos para las rutas que sí les interesaban operar para poder renegociar precios más bajos más adelante, y así garantizaban un alto margen de ganancia.

Los contratos para cada una de las compañías eran de $3.5 millones con vigencia de cuatro años.

Los cargos relacionados a fraude postal son por enviar cartas de adjudicación de subastas a través del correo.

La acusación indica que hubo una serie de irregularidades durante el proceso de subasta municipal para los contratos que cubrían las rutas de Río Cañas, San Antonio, Turabo, Tomás de Castro, Beatriz, San Salvador, Caguas Pueblo, Bairoa, Cañabón y Cañaboncito.

De ser encontrados culpable, se exponen a una pena máxima de 20 años.