La exsenadora popular Mari Tere González se declaró hoy no culpable de los 12 cargos que se le imputan por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, falsedad ideológica, perjurio y posesión de documentos falsificados, durante la vista de lectura de acusación ante la jueza del Tribunal Superior de San Juan, Wanda Cruz Ayala.

La vista del estado de los procedimientos fue pautada para el próximo 26 de abril, mientras que el juicio dará inicio el 14 de mayo.

El 26 de febrero, el juez Rafael Taboas, del Tribunal de San Juan, encontró causa probable por los mencionados delitos y determinó no causa en un cargo por violación al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental (OEG) que prohíbe que un funcionario público acepte un beneficio como pago por realizar deberes de su cargo.

“Recibimos las acusaciones, las dimos por leídas e hicimos una declaración de no culpabilidad”, sostuvo el licenciado Yuseph Lamboy López, abogado de defensa de González, quien añadió que durante la próxima vista se anunciaría si  la oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) irá en alzada en el caso en el que no hubo determinación de causa.

El abogado asegura que la controversia se reduce ahora a establecer si los informes financieros de la exsenadora fueron enmendados antes de que se le radicaran las acusaciones en su contra, ya que en su caso no se siguieron los procedimientos en ley para hacerlo.

Según explicó, aunque la información financiera del 2016 tenía que ser radicada de forma electrónica, por alguna razón le bloquearon la cuenta por lo que tuvo que enmendarla en papel.

“El caso empezó mediante un alegado esquema y digo esquema porque eso no se probó, de ayudas de Maritere González hacia Anaudi Hernández. Ya el cuento es otro, ahora el caso se limita a si la enmienda es correcta o no, nosotros decimos que sí porque ese documento se enmendó, el FEI dice que no, el caso se limita a eso”, sostuvo el licenciado Lamboy.

De acuerdo con la teoría del FEI, González supuestamente recibió ayuda financiera del convicto empresario Anaudi Hernández, exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y exmiembro del comité de finanzas del expresidente cameral Jaime Perelló, a cambio de lograr la confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL).

Como parte de esos alegados beneficios económicos, la exlegisladora vivió sin pagar alquiler en un apartamento de un socio de Anaudi y nunca lo notificó en sus informes ante la OEG. De haber pagado, hubiese tenido que desembolsar alrededor de $43,000 en tres años.

Las acusaciones contra la exlegisladora surgieron del caso federal por corrupción gubernamental contra Hernández, quien se declaró culpable por un esquema de soborno en varias agencias del gobierno.

La exlegisladora fue sentada en la silla de los testigos del caso federal y cuando fue abordada sobre detalles relacionados a los donativos a su campaña, se amparó en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para no autoincriminarse.