Uno de los cuatro acusados por el "carjacking" que culminó con el asesinato del publicista José Enrique Gómez Saladín, Rubén Delgado Ortiz, informó al Tribunal Federal su intención de hacer alegación de culpabilidad tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Su abogado, José Aguayo, sometió una moción ante la consideración del juez federal, Daniel R. Domínguez, para indicar que su representado interesa declararse culpable por el cargo número uno, de robo a mano armada, cuya consecuencia fue la muerte de la víctima.

No se ofrecieron detalles sobre el acuerdo con los fiscales Julia Meconiates y Scott Anderson.

El caso contra Delgado Ortiz, Edwin "Bebo" Torres Osorio, Alejandra "Pochi" Berríos Cotto y Lenisse "Prieta" Aponte Aponte fue considerado ante el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia federal, pero se determinó que no es un caso de pena capital. Los acusados sí se exponen a cadena perpetua de ir a juicio.

El 3 de noviembre hay una conferencia sobre el estatus de los procedimientos señalada en este caso.

Los cargos contra los acusados son por actuar en concierto y común acuerdo con la intención de causar daño corporal y la muerte a la víctima, al tomar intencionalmente su vehículo bajo la fuerza, intimidación y violencia, y por conspirar para ejecutar un esquema para obtener dinero del Banco Popular de Puerto Rico, mediante el fraude al usar la tarjeta ATH de Gómez Saladín, sacando $100 después de asesinarlo.

Los hechos del caso ocurrieron en la madrugada del 30 de noviembre de 2012, poco después que el publicista llamara a su esposa para decirle que estaba saliendo de una actividad en un hotel en San Juan, pero nunca llegó a su hogar.

Según las declaraciones de los acusados, estos revelaron que habían planificado cometer un robo y decidieron que Aponte y Berríos se meterían en el carro de la víctima y después Torres y Delgado se unirían a ellas, discutirían por una supuesta deuda y harían que la víctima la pagara.

Hicieron que Gómez Saladín fuera a una máquina ATH donde retiró $400 en efectivo y se los entregó a Delgado. Estos lo golpearon en la cabeza y lo montaron en el asiento trasero del automóvil y compraron gasolina, según la acusación.

Los acusados lo llevaron a un lugar solitario en Cayey, donde le ordenaron que se pusiera de rodillas, mientras lo agredían con objetos. Luego, lo impregnaron de gasolina y lo prendieron en fuego, pero éste se quitó la ropa y comenzó a rodar por el suelo para tratar de apagar las llamas. Los implicados siguieron golpeándolo hasta causarle la muerte, lee la denuncia.