Un segundo cargo por el que Pablo Casellas Toro fue encontrado culpable a nivel federal, por ofrecer alegaciones falsas relacionadas a que fue víctima de un "carjacking", quedó desestimado hoy, miércoles, por el juez federal Joseph R. Goodwin.

Ya el juez de Virginia Occidental había desestimado el primer cargo por el que el convicto había sido encontrado culpable y ahora declaró ha lugar la petición de la defensa de desestimar el segundo cargo, de tres en total.

El 1 de mayo pasado, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Casellas Toro por, "a sabiendas y voluntariamente, ofrecer testimonio falso, fraudulento y ficticio" por tres instancias: alegar que el 17 de junio de 2012 fue a disparar al Club de Tiro Metropolitano, en Toa Baja; decir que alguien provocó que detuviera su automóvil; y alegar que, a punta de pistola, lo forzaron a moverse al asiento del pasajero.

El juez desestimó el primer cargo el 12 de mayo pasado y el segundo esta tarde.

"La defensa solicitó que reconsiderara mi decisión cuando denegué su moción para una desestimación del cargo 2, pero mi decisión fue errónea y claramente injusta", expresó el juez en la orden escrita sobre la solicitud sometida por el abogado Francisco Rebollo Casalduc.

Detalló que dicho cargo indica que una persona provocó que Casellas Toro detuviera su vehículo y que para probar dicha alegación, los fiscales Michael Gilfarb y Andy Camacho, del Distrito Sur de Florida, sentaron a testificar al agente de la Policía asignado al "Task Force" del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Rafael Díaz Berríos.

"Claramente Díaz no testificó que el acusado le dijo que una persona provocó que detuviera su vehículo. Aún así, el gobierno entiende que este hecho puede ser inferido, indicando que el carro obviamente estaba detenido cuando un individuo se le acercó y a punta de pistola lo obligó a moverse al asiento del pasajero. Si el vehículo estaba detenido o no durante el alegado 'carjacking', y si se puede inferir del récord, el gobierno tiene que probar que el acusado le dijo a Díaz que una persona causó que detuviera su auto", indicó el juez.

"El gobierno tenía que probar que dicha expresión era falsa. Aún si el carro estaba 'obviamente' detenido durante el 'carjacking', como alega el gobierno, es irrelevante la determinación de si el acusado le dijo al agente federal que la persona paró su vehículo. Sin evidencia al respecto, esta convicción no se puede sostener", agregó Goodwin.

Cuando desestimó el primer cargo en mayo, Goodwin detalló el testimonio de Díaz Berríos, al igual que hizo ahora y determinó que: "Es indiscutible que el acusado viajó a las inmediaciones del club de tiro y el mismo estaba cerrado. Por lo tanto, la declaración del acusado de que iba al club de tiro no era falsa. Sin embargo, el gravamen de la alegada mentira es la razón por la que fue al club de tiro".

"Esta orden del juez Goodwin refuerza nuestro plan ante el Tribunal Apelativo para vindicar a Pablo del único cargo federal que queda pendiente. Continuaremos la batalla", dijo Rebollo Casalduc, quien reiteró que en la Isla no era posible encontrar un jurado justo e imparcial, como había indicado en un principio, razón por la que quería mudar este caso a otra jurisdicción.

La sentencia en este caso contra el hijo del juez federal, Salvador E. Casellas, está señalada para el 11 de agosto. Se expone a cinco años de prisión.

Casellas Toro alega que fue víctima de un robo a mano armada por dos individuos que supuestamente dipararon al cristal trasero de su vehículo y otro sujeto lo hirió de bala en el brazo derecho para robarle su guagua Acura MDX negra. Sin embargo, según la acusación, el convicto pretendía "crear la falsa impresión de que fue víctima de un crimen" para alegar que le robaron dos armas, que luego fueron recuperadas, una de ellas en su hogar y la otra fue el arma homicida del asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

Por el asesinato de Paredes Cintrón, ocurrido el 14 de julio de 2012 en su residencia en la urbanización Tierralta III, en Guaynabo, Casellas Toro fue sentenciado a 109 años de prisión.