Nueve individuos podrían enfrentarse a la pena de muerte al ser acusados por el asesinato del teniente Osvaldo Albarati Casañas, ocurrido el 26 de febrero de 2013, cuando el oficial salía de su turno de trabajo en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, informaron hoy, viernes, las autoridades federales en San Juan.

Antes de informar detalles de las acusaciones criminales por el asesinato de Albarati Casañas y recalcar que experimentaba un momento "agridulce", la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, destacó la labor del teniente, quien fue asesinado por gatilleros en el expreso José de Diego, a la altura del centro comercial Río Hondo, en Bayamón.

Por actuar en concierto y común acuerdo para planificar y financiar el asesinato del teniente del Departamento de Corrección Federal, un Gran Jurado emitió un pliego acusatorio de seis cargos contra Oscar "Cali" Martínez Hernández; Ángel "Api" Ramos Cruz; Miguel "Bolo" Díaz Rivera; Juan "El Manco" Quiñones Meléndez; Orlando "Yogui" Mojica Rodríguez; Jayson "Gonzo" Rodríguez González; Carlos "Cano" Rosado Rosado; Alexander "Coquí" Rosario de León; y Jancarlos "Jan" Velázquez Vázquez, informó Rodríguez.

La fiscal indicó que la finalidad del asesinato era detener las investigaciones que Albarati Casañas llevaba a cabo en MDC sobre contrabando de teléfonos celulares en la cárcel, donde se han pagado hasta $14,000 por un solo aparato, según información recopilada por el Negociado Federal de Prisiones.

"Los acusados en este pliego acusatorio mataron al teniente Albarati porque querían asegurarse que éste no interrumpiera nunca más las acciones ilegales que llevaban a cabo desde dentro de MDC. El teniente Albarati era un apasionado de su trabajo, y tenía mucho éxito detectando y confiscando contrabando de los prisioneros, incluyendo teléfonos celulares, drogas y armas. Esto enfurecía tanto a los acusados, que decidieron hacer que lo mataran. Al teniente Albarati lo mataron por simplemente hacer su trabajo", expresó, por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases.

Según el resultado de la pesquisa del asesinato, Martínez Hernández, Ramos Cruz y Díaz Rivera solicitaron la ayuda de otras personas y financiaron el plan para ultimar a Albarati Casañas, dijo la fiscal Rodríguez. Mientras, Quiñones Meléndez y Mojica Rodríguez proporcionaron un vehículo, cuatro pistolas Glock .40 automáticas y un teléfono celular a los acusados Rodríguez González, Rosado Rosado y Rosario León para que cometieran el asesinato, agregó. En el caso de Velázquez Vázquez, precisó que participó de la planificación del crimen.

Pena de muerte en suspenso

Rodríguez explicó que por el cargo de asesinar a un empleado de gobierno federal, se exponen a la pena capital. Por el asesinato de encargo, se exponen hasta cadena perpetua y la posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento conlleva una pena de 10 años de prisión, agregó.

Tanto Rodríguez como Cases agradecieron a los agentes que estuvieron 23 meses investigando este caso en el que todos los imputados están en prisión. Explicaron que al momento de los hechos algunos estaban en la calle, pero al día de hoy, por acusaciones de otros casos, están encarcelados en espera de juicio.

"Este es un momento en cierta forma agridulce para todos aquí. Este caso nos ha tocado a todos directamente. Es la primera vez que se atenta y matan a un empleado federal en Puerto Rico. Nuestro corazón está con la familia", manifestó Rodríguez, quien indicó que la fiscal del caso es Julia Díaz Rex.

"Hace 23 meses, en una noche lluviosa, al salir del MDC, después de un turno largo y difícil, la vida del teniente Osvaldo Albarati le fue arrebatada de forma espontánea y brutal tanto a él, como a su familia, sus amigos, sus compañeros y a toda la gente buena que trabaja en el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés)”, sostuvo Cases.

“Esa fue una semana muy difícil para el BOP... Aunque haya tomado algún tiempo, espero de todo corazón que el incansable y desinteresado esfuerzo que pusieron los hombres y mujeres que trabajaron para resolver este caso, sirva para que en el día de hoy puedan comenzar un nuevo capítulo en el BOP", agregó el directivo del FBI.

Cases reconoció que un "golpe de suerte" en este caso fue cuando el 21 de enero de 2014, alguaciles federales se enfrascaron en un tiroteo con unos sujetos en Isla Verde, mientras buscaban a uno de los más buscados, y arrestaron a Rodríguez González. Explicó que Velázquez Vázquez estuvo allí, pero logró escapar, pero fue arrestado el 10 de marzo, por el caso del asesinato del agente de la Policía Joaquín Correa, durante un operativo en Humacao. Por este mismo caso, fue detenido Rosario de León en mayo. Ambos fueron acusados a nivel federal por violaciones a la ley de armas, dijo Cases.

"A través de entrevistas a personas con conocimiento cercano a la conspiración, declaraciones de testigos oculares, evidencia forense y nueva tecnología empleada por el FBI, los investigadores pudieron unir las piezas del rompecabezas, lo que permitió al gobierno imputar a estos nueve acusados por la muerte del teniente Albarati", sostuvo Cases.

Todos los acusados están en instituciones penales en Estados Unidos y en MDC por otros casos. Oportunamente serían transportados al Tribunal Federal en Hato Rey para la vista inicial ante la magistrada federal de turno, Silvia Carreño Coll.

Por su parte, el alcaide de MDC, Steve Mora, agradeció el esclarecimiento del asesinato del teniente y recalcó que han logrado establecer medidas de seguridad para evitar la introducción de material de contrabando en MDC, a nivel de que cuando llegó hace 18 meses, encontraban materiales todos los días, pero ahora ocurre apenas una vez al mes y pagan hasta $14,000 por un teléfono celular.