Se extiende la epidemia policial

Por Francisco Rodríguez-Burns / frodriguez@primerahora.com 04/22/2013 |
La estrategia concertada por los uniformados para iniciar la protesta de brazos caídos fue en la celebración de las Justas de la LAI en la Ciudad Señorial. (Archivo)  
Representantes de organizaciones convocan reunión de emergencia mañana.

La huelga de brazos caídos en la Policía, que se ha manifestado mediante ausencias por enfermedad, particularmente en las zonas policiacas de Mayagüez y Arecibo, amenaza con propagarse a otras agencias de seguridad, como el Cuerpo de Bomberos, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia.

Para mañana, martes, se programó una reunión de emergencia de los líderes de grupos que representan a las dependencias en que se barajan varias opciones de presión. Se ha llegado al punto de discutir la posibilidad de un paro nacional, acción que puede ser catalogada como “ilegal” al tratarse de funcionarios que no pueden irse a la huelga, y que podría desencadenar en decertificaciones de los grupos representativos por parte del Estado.

Solamente en la Policía de Puerto Rico, el “enfermito”, como se ha llegado a nombrar la protesta de brazos caídos, ha trastocado las operaciones en cuarteles que han requerido la asistencia de otras zonas policiacas o agentes de ropa civil adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC). Sondeos realizados por una organización que representa a los policías estiman que en los pasados días unos 2,500 agentes se han ausentado y se espera que la cantidad aumente significativamente a pesar de las advertencias de acciones disciplinarias.

Pero, además de los cuarteles “desolados”, los policías han recurrido a las redes sociales para expresar su malestar, y sus llamados han resonado con intensidad en las estaciones de bomberos y los complejos correccionales.

“Tenemos que actuar de una manera contundente. Se van a discutir varias alternativas”, indicó el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado.

“Existe esta invitación ante la situación de un gobierno de desproveer a los cuerpos de seguridad de un sistema de retiro apropiado”, sostuvo el funcionario sobre la reunión que se programó en el Centro Sor Isolina Ferré en Caimito.

Con excepción de funcionarios “de ciertas agencias o instrumentalidades públicas que funcionan como empresas o negocios privados”, los empleados públicos “no tienen garantizado el derecho de la huelga para mejores condiciones de trabajo” . Las leyes y los estatutos también expresamente prohíben que los policías se organicen sindicalmente o realicen acciones concertadas para mejorar sus condiciones de trabajo. Esto incluye una “huelga de brazos caídos”. Pero, aun así, las organizaciones han subrayado la necesidad de ser “creativos” ante la nueva Ley de Retiro.

“Nosotros estamos muy conscientes del peligro que correría el pueblo. Pero el daño que se le ha hecho al Sistema de Retiro es irreparable e insostenible” , añadió Tirado.

La Alianza Correccional Unida, entidad que cobija a los guardias penales, también considera la posibilidad de realizar “manifestaciones masivas”.

“Nosotros no podemos hacer huelga, pero apoyamos la gestión de los policías... Y si la matrícula nos da un mandato de acciones concertadas, como manifestaciones masivas, las vamos hacer”, sostuvo el presidente del sindicato, Juan González.

Crece la tensión

Comenzó como un leve catarro, pero continúa propagándose como una influenza peligrosa.

El malestar en la Uniformada se agravó cuando los policías no recibieron su cheque por días de enfermedad en exceso. Pero también influenció grandemente el que los agentes no cobraran sus horas extras y la nueva Ley de Retiro.

Una de las acciones de muchos uniformados fue no trabajar en los juegos de las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Aunque las Justas transcurrieron sin incidentes mayores, en otras zonas policiacas se ha reportado un leve aumento en escalamientos, entre otros delitos, ante la falta de vigilancia. “Nosotros estamos monitoreando las páginas de los policías en las redes sociales. Por ejemplo, en el CIC de Mayagüez solamente están trabajando los supervisores. En La Parguera (en Lajas) no había agentes y se tuvieron que enviar policías de otras áreas”, aseguró el vicepresidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol), Fernando Soler.

Por otro lado, el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) pidió una comunicación “clara y franca” para que ambas partes puedan entender “lo que sufre el pueblo”.

“La conversación tiene que ir más allá de las amenazas”, sostuvo el presidente del FUPO, Diego Figueroa.