La selección del jurado en el caso incoado contra Christopher Sánchez Asencio, uno de los imputados por los asesinatos de cuatro integrantes de una familia en Guaynabo, se encuentra bastante adelantada y hasta hoy, miércoles, se han designado al menos seis mujeres y dos hombres.

Sin embargo, todavía no se ha escogido a ningún miembro para jurado en el caso contra José Luis Bosch Mulero, el segundo acusado por la matanza ocurrida entre la noche y madrugada del 17 y 18 de noviembre pasado.

Ambos acusados serán enjuiciados por separado.

La desinsaculación del jurado para el caso de Sánchez Asencio se desarrolló temprano este miércoles en la la Sala 704 del Centro Judicial de Bayamón, que preside la jueza Vivian Durieux Rodríguez.

Sin embargo, todos los ciudadanos citados en horas de la mañana fueron recusados debido, en gran medida, a que los candidatos a jurado daban por “cierto” parte o la totalidad de información divulgada sobre la masacre por canales de televisión, periódicos y portales de internet.

“No me considero la persona adecuada en este caso por la información que ha sido publicada. Doy por cierto las versiones del menor en el caso”, indicó un hombre que se desempeña como chofer al ser cuestionado de manera insistente por el abogado Orlando Camerón Gordon, representante legal de Sánchez Asencio.

Aunque el candidato manifestó que creía y entendía el concepto jurídico sobre la inocencia del ciudadano frente a las acusaciones presentadas por el Estado, indicó que daba por ciertas las versiones del crimen que fueron difundidas por los medios noticiosos.

“Si esta persona señala, debe estar diciendo la verdad, más aún cuando es un menor de edad”, opinó al referirse al único sobreviviente, un adolescente de 13 años, cuyos agresores creyeron muerto tras lanzarlo por un puente, después de apuñalarlo.

Por su parte, un ama de casa, quien expresó que conectarse a la red social Facebook y navegar por internet es uno de sus pasatiempos, consideró que los acusados deberían ser culpables. Además, aludió a noticias televisivas y de internet para intentar sustentar sus aseveraciones al ser evaluada como potencial jurado del caso.

“No quisiera ser jurado, pero si me escogen, ni modo”, indicó la mujer, ante una serie de preguntas formuladas por la jueza Durieux Rodríguez, muchas de las cuales giraron sobre la percepción que tenía la entrevistada sobre el contenido noticioso en torno a los crímenes.

El abogado Camerón Gordon, así como las fiscales Janet Parra y María del Mar Ortiz, comenzaban a entrevistar a los candidatos, una vez la juez culminaba con su interrogatorio.

En el caso de la ama de casa, los letrados no objetaron su recusación ante la opinión formada sobre los acusados. En el proceso esta mañana, la jueza preguntó repetidamente a los candidatos a jurado sus opiniones sobre la cobertura mediática del caso.

Sanchez Ascencio y Bosch Mulero permanecen detenidos en el Complejo Correccional de Bayamón. Contra ambos se presentaron cargos por asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Armas, tentativa de asesinato, secuestro, agresión grave, destrucción de prueba, robo y conspiración. A los jóvenes se les fijaron fianzas individuales de $8 millones. Bosch Mulero será defendido por la licenciada Mayra López Mulero, pariente lejana del joven.

Los hechos que se le imputan se registraron en la urbanización Los Frailes de Guaynabo, así como en un tramo de un sector rural en Bayamón. Según la pesquisa de la Policía, primero ultimaron a tiros en su residencia al matrimonio integrado por Miguel Ortiz Díaz, de 66 y Carmita Uceda Ciriaco, de 45, así como a la madre de la fémina, Clementina Ciriaco López, de 73.

La Policía señaló que los acusados, después del triple crimen, secuestraron a los hijos del matrimonio, ultimaron al mayor de los jóvenes Miguel Ortiz Uceda, de 15, y atacaron al menor de los dos hermanos en un sector rural. Según las autoridades, al adolescente de 13 años lo lanzaron por un risco y se alejaron creyendo que estaba muerto. El muchacho caminó malherido hasta una casa donde pidió ayuda y denunció lo ocurrido.

Sánchez Asencio vivía en una casa propiedad de Ortiz Díaz, quien le alquiló la propiedad a la progenitora del joven. Al momento de la matanza, trascendió que el pago de la renta estaba atrasado y que se había gestionado reiteradamente el cobro sin éxito, situación que al parecer incomodó al ahora acusado por el crimen de Ortiz Díaz y sus familiares. 

La Policía alega que los acusados utilizaron almohadas para contener el sonido de los disparos que recibieron las víctimas mientras permanecían arrodilladas en la sala de la residencia.

De resultar culpables, ambos acusados se exponen hasta a cadena perpetua.