La sentencia que libra de prisión al trío, si cumple las condiciones de un acuerdo aceptado por el Ministerio Público, se produjo después que se reclasificaron delitos imputados originalmente a los exagentes.

Gabriel Rivera Pagán, Raúl Rivero Ruiz y Joaquín Torres Cortina fueron acusados por secuestro, orden de arresto o allanamiento obtenida ilegalmente y robo agravado. Sin embargo, los delitos de secuestro y robo fueron reclasificados por tentativa de restricción a la libertad y apropiación ilegal, respectivamente.

Rivera Pagán, quien trabajaba en la Policía Municipal de San Juan, así como Rivero Ruiz y Torres Cortina, exagentes estatales, tuvieron que devolver al perjudicado $1,000 que se alegó le retuvieron durante la cuestionada intervención en las inmediaciones de la estación de TU en Las Lomas.

Antes de emitir la sentencia, el juez sopesó el informe de un oficial sociopenal en el que se favoreció la probatoria para los acusados.

A la vista de sentencia acudieron miembros del Comité Dominicano de los Derechos Humanos  (CDDH) quienes se mostraron inconformes con la sentencia, pero se resignaron a la determinación. Mientras, subrayaron la importancia de denunciar los casos de corrupción policíaca.

"Tenía esperanza de que el juez les hiciera cumplir por lo menos un año de cárcel. La justicia se quedó corta. No se ha hecho un trabajo de fiscalización, pero la víctima tuvo el valor de enfrentar a estos policía", dijo José Rodríguez, líder del CDDH.

“Por más de 20 años hemos denunciado los abusos y los excesos de la Policía de Puerto Rico. El tiempo nos ha dado la razón”, agregó.

Este caso pudo ser esclarecido debido a la intervención de otros policías que vieron cuando los ahora exagentes intervinieron con el perjudicado y luego los identificaron en el cuartel. Se les imputó registro ilegal del vehículo del dominicano y luego la retención del dinero en efectivo que portaba el obrero.

El perjudicado, identificado como Rey Reyes, estuvo temporeramente en el Albergue de Testigos y Víctimas del Crimen del Departamento de Justicia porque en un momento temió por su vida.

Al momento de los hechos, los exagentes laboraban en la División de Vehículos Hurtados, pero sólo Torres Cortina estaba asignado en propiedad a esa área.

El trío estuvo sumariado en prisión, pero a mediados de este año quedó libre tras prestar una fianza de $750,000.

Como parte de las condiciones del acuerdo, los convictos tendrán que mantenerse trabajando y deben cumplir un horario específico de entrada y salida de sus hogares.

El juez Pérez Ocasio también le advirtió que no pueden acercarse al perjudicado, esto como parte una solicitud presentada por la fiscal Wanda I. Casiano.

Los abogados Maritza Torres, Luis Cabán y Ervin Sierra, quienes representaron a los expolicías, salieron el tribunal sin hacer comentarios.

Mientras, Víctor Rosado, otro de los portavoces de CDDH, instó a los ciudadanos a cooperar para esclarecer casos de corrupción policiaca.

"Hay muchos casos y se tiene que hacer justicia", puntualizó.