El caso federal del excoronel de la Policía, Hilton Cordero Rosario, por cargos de posesión de pornografía infantil, se podría desestimar si las autoridades federales no presentan otra evidencia que no haya sido obtenida mediante los dos allanamientos que el Primer Circuito de Boston determinó que habían sido “ilegales”.

Así opinó la abogada de defensa Melanie Carrillo Jiménez, quien defendió a Cordero en el caso criminal que la Fiscalía Federal presentó contra el excomisionado de seguridad por el cual fue sentenciado a 10 años de prisión y 15 años de libertad supervisada.

Según explicó la letrada, Cordero Rosario se declaró culpable de posesión de la pornografía, pero se reservó el derecho de apelar su caso ante violaciones que habían sido cometidas por los registros realizados por la Policía de Puerto Rico. 

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“El caso se podría archivar si el Gobierno de Estados Unidos no puede presentar ninguna evidencia alterna que no esté relacionada con los registros ilegales”, reiteró la abogada, quien ha manejado varios casos de alto perfil en el foro federal.

Otros abogados de Cordero,  José Nieto Mingo y José Antonio Pagán Nieves, se anotaron la victoria legal mediante la decisión del foro apelativo luego que el juez federal Gustavo Gelpí denegara la celebración de una vista para suprimir evidencia en el caso. Ahora el togado de distrito tendrá que pautar otra vista para revisitar el tema que puso en entredicho la investigación realizada contra el exfuncionario.

La decisión del foro apelativo subraya que a Cordero Rosario se le violentaron derechos protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a la ciudadanía contra registros e incautaciones injustificadas.

Agentes estatales, amparados con órdenes de allanamiento, registraron el apartamento que Cordero compartía con su entonces esposa, la reportera de televisión Deborah Martorell, el 4 y 25 de febrero de 2011, luego de recibir una querella que le imputada al excoronel de la Policía un patrón de actos lascivos contra una menor de edad. La decisión del tribunal apelativo, sin embargo, estableció que las autoridades estatales no podían justificar los registros, que perseguían incautar las imágenes ilegales, limitándose a una querella de actos lascivos. 

El caso se complica aún más, ya que las autoridades federales buscaron el “consentimiento” de Martorell para registrar los equipos electrónicos que fueron incautados en los registros.  

El foro apelativo