Numerosos casos criminales en la Isla se encuentran pendientes de esclarecimiento, en su mayoría aquellos que dependen de la prueba pericial para que puedan ser procesados en los tribunales, según lo informó este viernes el superintendente de la Policía, José L. Caldero López.

Las expresiones de Caldero López fueron ofrecidas durante una rueda de prensa conjunta con el fiscal general José B. Capó y la alta oficialidad de la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal (SAIC), durante la cual se anunciaron los resultados de un operativo en toda la Isla. En el mismo se esclarecieron 22 casos de asesinatos, entre ellos una masacre ocurrida en Aibonito, y se efectuaron 28 arrestos con fianzas totales de $95 millones.

Según el coronel Antonio López, director del SAIC, la tasa de esclarecimientos de asesinatos entre el 1 de enero al 30 de junio de este año se encuentra en un 51%, lo que representa un 3% más que los reportados durante el mismo período el año pasado.

 Capó, por su parte, reconoció que durante años los diferentes superintendentes de la Policía, secretarios del Departamento de Justicia y directores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) han intentado coordinar sus esfuerzos para poder mejorar el esclarecimiento de casos.

En la actualidad, aseguró que ha impartido instrucciones a los fiscales de las regiones para que adelanten aquellos casos que están próximos a ser radicados en los tribunales. Sin embargo, ni Caldero ni Capó pudieron ofrecer cifras de cuántos casos están pendientes de radicar en espera de los resultados del ICF o por falta de testigos u otra prueba.

 “Tenemos que coordinar aquellos casos que podemos adelantar o que dependemos única y exclusivamente a base de la información que se ha levantado y de la evidencia que, posiblemente, la prueba pericial sea la que nos ayude a esclarecer los casos”, explicó Capó.

En enero pasado el ICF admitió que tenía más de 22,000 casos atrasados en espera de análisis de evidencia, como son las muestras de ADN y los estudios de balística, que son esenciales para el esclarecimiento de miles de querellas criminales acumuladas a través de décadas.

De acuerdo al fiscal general, la falta del personal especializado en el ICF no se soluciona con la contratación de más trabajadores, ya que se requiere de un entrenamiento de dos años para poder certificarse de acuerdo a la materia que dominan para poder comparecer a un tribunal a declarar como perito. Además, admitió que existe un éxodo de este personal hacia Estados Unidos, donde les ofrecen un mejor salario.

Caldero López indicó que para colaborar con la falta de personal que enfrenta el ICF, le asignó cuatro empleados de las divisiones de Servicios Técnicos de la Policía para que trabajaran con los análisis pendientes de evidencia pericial. Dijo que este paso es fundamental, porque existen numerosos casos que no pueden ser esclarecidos por la falta de testigos y dependen de esas pruebas.

“He impartido instrucciones a los fiscales de distrito para atender directamente las investigaciones en curso con la Policía relacionadas a personas que sabemos son las personas que están a diario envueltas en la actividad y en las organizaciones criminales, aparte del grupo elite que tiene la Policía para investigar crímenes sin esclarecer no podemos descuidar esta área que es la del día a día”, detalló Capó.

Otro de los contratiempos que enfrentan las autoridades se relaciona con la falta de recursos para mantener adecuadamente el Albergue para Testigos del Departamento de Justicia, el cual no ha estado exento de la crisis económica por la que atraviesa el Gobierno.

Capó observó que también confrontan problemas para mantener bajo custodia de las autoridades a los testigos, muchos de los cuales son coautores de crímenes y prefieren mantenerse en la libre comunidad donde son asechados por otros delincuentes.

Por otro lado, como resultado del operativo del SAIC, se arrestó un total de 314 personas por otros delitos, con una fianza total de $18 millones, y se ocuparon 19 armas ilegales las cuales fueron enviadas al ICF para ser analizadas en el laboratorio de balísticas para determinar si fueron utilizadas en la comisión de algún asesinato.