Los abogados de varios acusados que podrían enfrentar la pena capital por el asesinato del teniente penal Osvaldo Albarati Casañas, ocurrido el 26 de febrero, aseguraron que el Negociado Federal de Prisiones ha presentado numerosos obstáculos para la adecuada representación de sus clientes.

Los letrados levantaron sus planteamientos durante la primera vista de status del sonado caso en que se dieron a conocer detalles de la abultada evidencia que presentará el Gobierno contra seis individuos que podrían enfrentar la pena por los crímenes imputados y otros tres implicados en la conspiración.

Los sujetos permanecen encarcelados en unidades de aislamiento en distintas instituciones de Florida y Georgia y los abogados, según reclamaron, han enfrentado distintos contratiempos para poder reunirse con sus clientes. 

 De hecho, una abogada radicó una moción para subrayar que el sistema correccional ha violentado los derechos constitucionales de su cliente que salvaguardan la adecuada representación legal y protegen al ciudadano contra trato cruel e inusual.

“Entendemos, su Señoría, que nuestros clientes deben integrarse con la población general de las prisiones. Al tratarse de un posible caso de pena capital, debemos poder desarrollar una relación cercana con el acusado”, indicó la abogada Kimberly Stevens, durante la vista presidida por el juez federal José A. Fusté.

Las autoridades federales  aseguraron que tres de los acusados –Oscar “Cali” Martínez Hernández, Miguel “Bolo” Díaz Rivera y Ángel “Papi” Ramos Cruz– planificaron la muerte del teniente mientras permanecían encarcelados en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo en represalia por las investigaciones que dirigió el funcionario para incautar celulares que se utilizaban para coordinar la distribución de cargamentos de droga. 

Estos, junto a otros tres acusados identificados como Juan “El Manco” Quiñones Meléndez, Orlando “Yogui” Mojica Rodríguez y Jayson “Gonzo” Rodríguez González, podrían ser elegibles para la pena capital, aunque al día de hoy ninguno ha sido certificado por el Departamento de Justicia para recibir la máxima pena.

El teniente fue vilmente asesinado por sicarios mientras transitaba por el expreso José de Diego, a la altura el centro comercial Río Grande, en Bayamón, luego de cumplir con su jornada de trabajo en la cárcel de Guaynabo. 

La defensa pidió además tiempo para poder entrevistar a testigos, muchos de ellos confinados, que también cumplen sentencias en distintas instituciones penales en Estados Unidos. 

Solicitan expediente de investigación

Los abogados también solicitaron el expediente de una investigación que se realizó por una amenaza que el juez Fusté recibió hace varios años para determinar si existe algún vínculo con los acusados del caso del teniente. 

El togado, quien había recibido protección por la amenaza y que no descartó recusarse en el juicio de la muerte del teniente de determinarse una conexión entre los casos, también dejó la puerta abierta para posibles acuerdos de culpabilidad, a pesar de restricciones que podría imponer el Departamento de Justicia de Estados Unidos en casos de pena capital.

 El juicio podría dar inicio el año que viene luego de culminar el proceso de descubrimiento de prueba. “Considero que una admisión por parte de un acusado en un caso de pena de muerte podría ser un elemento de peso para un jurado”, dijo Fusté.