Bajo estrictas medidas de seguridad, uno de los
sospechosos por la tragedia de El Prado, Josué Vázquez Feliciano - alias
"JE" - fue trasladado hoy junto a otros detenidos por las autoridades
federales de Puerto Rico a Estados Unidos.
Antonio Torres, del Servicio federal de Alguaciles,
confirmó que Vázquez Feliciano se encontraba entre los arrestados que fueron
enviados en un vuelo desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Su destino final es
Pensilvania.
Junto a los alguaciles federales, otras agencias de
seguridad participaron en el operativo del traslado, incluyendo agentes de la
Policía de Puerto Rico y SWAT. Torres dijo que ese movimiento de personal es
común en ese tipo de traslado.
Vázquez Feliciano había renunciado a la vista en la
que aceptaba o negaba ser la persona acusada, allanándose al proceso que
enfrentará en Pensilvania, donde pesaba una orden de arresto en su contra por
poseer drogas con intención de distribuirlas y de conspirar para poseer armas
de fuego con relación a un delito de narcotráfico.
Además, Vázquez Feliciano figuró en un grupo de 21
personas a los que se les encontró causa para arresto por varios delitos, entre
ellos, el de asesinar a dos personas. Entre esos acusados también estaba
Jonathan Soto Bonilla, alias "787".
Vázquez Feliciano y Soto Bonilla han sido señalados
por las autoridades en Puerto Rico como sospechosos del incidente en el que
murieron atropellados seis personas, incluyendo cuatro menores de edad frente
al residencial El Prado.
Mientras Vázquez Feliciano fue trasladado hoy a
Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DJ) espera que Soto Bonilla sea
extraditado a Puerto Rico la próxima semana, después de ser apresado el pasado
8 de febrero por las autoridades en El Bronx, Nueva York. Miguel Pereira,
portavoz del DJ, indicó que Soto Bonilla renunció a la vista para corroborar que
su identidad corresponde a la persona acusada.
Soto Bonilla fue detenido en virtud de órdenes de
arresto que pesaban contra él desde 2011 en la Isla, por dos violaciones a la
Ley de Armas, dos violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y un desacato.
En su contra pesaba una fianza de $200,000.
