El menor que presenció el asesinato de sus padres, su abuela materna y su hermano mayor en noviembre pasado, testificará contra los imputados a través de circuito cerrado en la vista preliminar pautada para el 9 de enero en el Tribunal de Bayamón.

Hoy se vería la vista de necesidad para determinar si era meritorio que el adolescente de 13 años declare a través del sistema de circuito cerrado, y no en sala frente a los imputados Christopher Sánchez Ascencio y José Luis Bosch Mulero.

Sin embargo, los abogados de ambos, Orlando Cameron Gordon y Mayra López Mulero, respectivamente, se allanaron a la vista luego de ver el informe y entrevistar al sicólogo que evaluó al menor, Ernesto Sánchez Castro, quien recomendó que testifique mediante el sistema de circuito cerrado.

López Mulero expresó ante la jueza Sylvia Díaz Solla que el perito le indicó que el niño está recibiendo "tratamiento sicológico para el luto" y que el avance en su tratamiento podría no progresar de tener que testificar frente a los imputados.

"Independientemente de mis reservas, Mayra López Mulero se está allanando. Hablé con el perito sobre asuntos que mueven mi sensibilidad y mi fibra, por lo que vamos a acceder sin cuestionamiento a que ese niño testifique el 9 de enero por circuito cerrado", expresó la abogada en sala, mientras su representado y el coimputado observaban atentos los procesos, vestidos con uniforme azul de sumariados.

El abogado Cameron Gordon expreso reservas por posibles fallas y la calidad del sistema de circuito cerrado, a lo que la jueza le aseguró que no ha tenido problemas en el pasado.

Los fiscales Janet Parra, María del Mar Ortiz y Miguel Alameda adelantaron que el menor será el primer testigo en la vista preliminar, por lo que se pautó para que comience a las 10:00 a.m. para dar tiempo a instalar el sistema. El testigo estará en otro salón sin ver a los imputados mientras testifica, pero ellos podrán verlo por un monitor, y al terminar, regresará a sala a identificar a los imputados.

Lopez Mulero adelantó que radicó hoy mismo una moción para que los casos se vean por separado, y la fiscalía radicará una moción en contra por haber cargos de conspiración. La jueza le dio al Ministerio Público hasta el 7 de enero para contestar la moción y radicará su decisión ese mismo día.

Fuera de sala, Parra destacó que "no hay que tener dos dedos de frente" para entender que testificar ante los imputados podría causar daño sicológico al niño, y aseguró que "lo vamos a proteger a como de lugar".

En cuanto a que los procesos se vean por separado, Parra adelantó que se van a oponer a dicha posibilidad, pero que "sea como sea, los juicios se van a ver".

Por su parte, Lopez Mulero aseguró que puede hacer su labor "sin infringirle malestar emocional a ese menor", y por eso renunció a la vista de necesidad.

"Lo cortés no quita lo valiente. Se puede hacer un trabajo bien hecho sin afectar a ese menor", señaló López Mulero, quien advirtió que el hecho de allanarse a que declare por circuito cerrado en esta etapa de los procedimientos, no quiere decir que "en un futuro no sea necesario el circuito cerrado".

Mientras, destacó que presentó la moción de separación de los casos porque ambos imputados hablaron y cada uno le echa la culpa al otro, y viceversa, y porque presentarían defensas encontradas.

"El caso es bien complejo, hay cosas impactantes que van a surgir", adelantó Lopez Mulero, quien catalogó el interés de la fiscalía de que los casos se vean en conjunto como un "capricho", pero que "el deseo de fiscalía no hace el derecho ni marca jurisprudencia".

Los hechos de este caso ocurrieron el 18 de noviembre pasado en la urbanización Parque de los Frailes, en Guaynabo. Se alega que Sánchez Asencio y Bosch Mulero asesinaron a Miguel Ortiz Díaz, de 66 años, a su esposa Carmita Ulceda Ciriaco, de 45, y a su suegra Clementina Ciriaco López, de 71. Al hijo mayor, Michael Ortiz Ulceda, de 15, lo mataron en otro lugar, a donde llevaron también a su hermano de 13 años, al que apuñalaron y lanzaron por un puente, dejándolo por muerto. Sin embargo, el joven sobrevivió y es el principal testigo.

Sanchez Ascencio y Bosch Mulero enfrentan cargos por asesinato, Ley de Armas, tentativa de asesinato, secuestro, agresión agravada, robo, destrucción de evidencia y conspiración. Están sumariados al no poder prestar la fianza impuesta de $8 millones.