El fiscal Miguel Alameda Ramírez fue relevado hoy, martes, del juicio que se sigue contra Neftalí Castillo Cabrera en medio de imputaciones de que presionó al testigo principal para que mintiera en el proceso judicial sobre su conocimiento del arma homicida.

Castillo Cabrera encara cargos de asesinato, destrucción de prueba y violación a la Ley de Armas por la muerte a cuchilladas del voleibolista Jesús Hernández Otero.

En un giro inesperado, el único testigo ocular del crimen, Luis Llanos Figueroa, aseguró esta mañana que Alameda Ramírez lo presionó para “que dijera yo vi un cuchillo que no lo había visto”.

Al iniciar su testimonio, en el segundo día del juicio por jurado que se celebra en la sala de la jueza Vivian Durieux Rodríguez, del Tribunal de Bayamón, el estudiante de 19 años expresó: “no puedo declarar porque me siento bajo presión del fiscal”.

La situación provocó que la jueza sacara al jurado de sala para entrevistar al testigo, que en vista preliminar se resistió a identificar a su amigo como el acusado.

“Lo que quiere que declare el fiscal no lo puedo declarar porque no es verdad”, afirmó a preguntas de la jueza.

Entonces en un “voir dire” (sesión de preguntas) del licenciado Antonio Sagardía de Jesús, explicó que el fiscal le dijo que no fuera un “pen…”, que lo intimidó físicamente amarrándolo con un “strap” (tira) durante una entrevista en la Fiscalía de Bayamón y que lo presionó cuando prestó su declaración jurada.

“Me dijo que 'si fuiste tan machito para chich.. con tu novia, tienes que ser igual de machito para declarar'”, apuntó el testigo, quien tuvo dificultades para describir la oficina del fiscal.

En medio de las explosivas declaraciones, el testigo reveló que grabó con su celular al fiscal cuando incurrió en la alegada conducta antiética, una grabación que posteriormente se supo estaba en manos de la mamá del acusado.

 Por la línea de preguntas del abogado defensor, la jueza Durieux Rodríguez descubrió que éste conocía de la situación con el testigo y que no informó a nadie del asunto.

Sagardía de Jesús aceptó que sabía de las imputaciones del testigo. Dijo que había contratado a un investigador privado para corroborar las mismas y que había entrevistado a la novia del testigo.

Aseguró que el fiscal, a quien había entrevistado cuando era secretario de Justicia, iba a perder su título de abogado por su conducta en este caso.

Debido a la situación, la jueza excusó al jurado hasta mañana, miércoles, y cuando arribó a sala el fiscal de Distrito, José Virella Santana, refirió el caso a la División de Integridad Pública de Departamento de Justicia.

Virella Santana, por su parte, señaló que relevaría del caso al fiscal Alameda Ramírez para garantizar la pureza del proceso.

Mientras Sagardía de Jesús pidió sin éxito que se paralizara el juicio y anticipó que pedirá la disolución del jurado en una moción de “mistrial”.

Así las cosas, la jueza Durieux Rodríguez informó que el desfile de prueba continuará mañana, miércoles, con el testimonio del patólogo. Luego se recesará hasta octubre para que Llanos Figueroa “no esté inmerso en dos procesos a la vez”.

En octubre se celebrará una vista al amparo de la Regla 109 para determinar la admisibilidad del testimonio de Llanos Figueroa. 

El testigo indicó, en un momento, que lo declaró en vista preliminar era correcto y que podía declarar en el juicio con otro fiscal haciéndole preguntas.

Llanos Figueroa también indicó que el agente investigador del caso, José Pagán Ferrer, lo presionó, pero no abundó sobre esa alegación.

Fuera de sala, el fiscal Virella Santana rechazó enérgicamente los señalamientos hechos por el testigo, quien aseguró tenía razones para mentir porque es amigo del acusado y andaba con éste la noche del crimen.

“Las alegaciones son absolutamente falsas. Conozco al fiscal Alameda y yo estuve en parte de esas entrevistas. Ese señor sostuvo esa versión ante otros funcionarios que no eran el fiscal Alameda, aún antes de verle la cara al fiscal Alameda”, apuntó.

También reconoció que esta situación tendrá un impacto en el caso, que se ha identificado como un crimen de odio porque la víctima era homosexual, pero se mostró optimista en que se hará justicia.

Pese a la frustración, los familiares del voleibolista apoyaron al fiscal y tildaron la situación como una estrategia de la defensa.

“Confío mucho en la justicia de este país y es lo que siempre he pedido desde el principio: justicia para mi hijo, que era excepcional, amado por muchas personas y no debió morir de la manera que fue”, apuntó Leticia Otero Rodríguez, madre de la víctima.

Sagardía de Jesús, mientras, se expresó satisfecho con la salida del fiscal del caso y el referido a la División de Integridad Pública, que responde directamente al Secretario de Justicia.

Dijo que ante la seriedad de las alegaciones su obligación era confirmarlas.

“Uno tiene que tratar de establecer que son ciertas, que no son infundadas, porque estamos hablando de la reputación de un funcionario público”, afirmó.