Los Testigos de Jehová solicitaron al Tribunal Federal que celebre una vista para que se encuentre incurso en desacato al Gobierno de Puerto Rico por supuestamente fallar en no asegurar que la Policía estatal ejecute la orden que permite a los religiosos acceso a todas las urbanizaciones con control de acceso sin guardias de seguridad.

Además, los demandantes pidieron al juez federal Gustavo A. Gelpí que se reinstale al Estado Libre Asociado (ELA) como parte demandada en este pleito y que se le ordene a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) que cese "inmediatamente" de emitir permisos de construcción para controles de acceso sin guardias en urbanizaciones.

La moción de los demandantes emitida hoy  indica que, según la orden del juez federal, cuando les dio acceso a las comunidades cerradas, los agentes policiacos deben asistirlos de ser necesario, cuando no se les permita el acceso, contrario a la orden emitida el 21 de marzo pasado.

Relataron que recientemente hubo una situación en Aguas Buenas, donde les negaron la entrada a una urbanización y por eso llamaron a la Policía. El agente que llegó a atender su reclamo, les dijo que no podía asistirlos porque "la Policía no puede forzar a la urbanización que les permitan entrar". Dijeron una situación similar ocurrió en Humacao.

"El ELA esencialmente tomó la posición de que, como ya no es parte en el caso, que no tiene la obligación de hacer nada, aparte de informar a los oficiales de las órdenes del tribunal", lee la moción presentada por los abogados Paul Polidoro y Nora Vargas.

"Es evidente que el ELA ha hecho absolutamente nada para mostrar que ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las órdenes del tribunal", agrega el escrito, que solicita sean restablecidos como parte en el caso, para poder remediar la mediación activa de la Policía estatal.

La petición incluye que se le ordene a la Policía responder prontamente a toda llamada sobre negación de acceso, que lleguen al lugar y se aseguren de que se les permitió la entrada, antes de retirarse. Además, indica que el Gobierno deberá informar las urbanizaciones que nieguen el acceso tres veces o más a los religiosos.

La demanda de los Testigos de Jehová se remonta al 2004 e incluye los municipios de San Juan, Guaynabo, Dorado, Caguas, Ponce, Bayamón, Trujillo Alto y Gurabo. Recientemente se recordó que también se incluyen los pueblos de Santa Isabel, Vega Baja y Yauco.

En marzo pasado, Gelpí determinó que las calles son públicas, por lo que se les debe permitir la entrada a los religiosos para llevar su mensaje evangelizador a cada hogar. Se ordenó que todas las urbanizaciones con control de acceso sin guardias de seguridad, debían entregarles dispositivos como "beepers" o códigos de entrada a los Testigos de Jehová.