Tragedia en Fajardo demuestra falta de fe en el sistema de justicia

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com 06/16/2013 |06:40 p.m.
Observan que situaciones como las vividas en Fajardo ocurren en la medida en que "el sistema no está respondiendo a los intereses de las víctimas de violencia".
Algunos de los expertos no descartaron que se repitan más casos similares porque el sistema de justicia y de apoyo social del país no se ha ajustado a las necesidades de la población. (Archivo)  

La falta de fe en el sistema de justicia y la ausencia de un plan articulado para prevenir la violencia son algunos aspectos relevantes que se desprenden de la tragedia familiar y comunitaria ocurrida este fin de semana en Fajardo, según trabajadores sociales y otros estudiosos de cambios que impactan de forma creciente la calidad de vida en Puerto Rico.

Al reflexionar sobre los hechos en que un hombre asesinó a su pareja, al hijo de esta y posteriormente fue ultimado en su vecindario, como venganza por el doble crimen, algunos de los expertos no descartaron que se repitan más casos similares porque el sistema de justicia y de apoyo social del país no se ha ajustado a las necesidades de la población y se insiste en responder a la violencia con fracasadas medidas de mano dura.

"Los sucesos en Fajardo hablan de la crisis social profunda que vive el país, que no se atiende en grado suficiente para retornar a un estado de civilidad", dijo el doctor Samuel Figueroa Cifre, director de la Comisión para la Prevención de la Violencia (Coprevi), al reafirmar que aquí urge poner en vigor un plan de seguridad bien articulado centrado en una visión preventiva.

 "Durante más de 10 años, el Estado ha tenido una política unitaria de mano dura y es evidente que ha fracasado, por lo que necesitamos movernos en una nueva dirección con voluntad decidida de intervenir para controlar la violencia", subrayó el sociólogo, quien destacó que el caso en Fajardo "no puede verse como un proceso aislado".

Se refirió a que en el país, "los permisos para actuar de forma civil se han ido rompiendo y la violencia se ha tornado normativa, cotidiana, por lo que no nos parece extraña y eso en sí mismo es una tragedia". En tal sentido, destacó que en la medida en que no surge la ejecución adecuada de los castigos y controles estatales, comunidades indignadas sienten que pueden hacer lo que entienden pertinente, como el ajusticiamiento, porque no esperan "consecuencias" gubernamentales en su contra.

La profesora Doris González, por su parte, dijo que ciertas comunidades "han perdido la esperanza (en las autoridades) y mayormente se trata de la población que menos recursos tiene, que no puede contratar un abogado (para procurar hacer valer sus derechos) y se da el permiso de tomar la justicia en sus manos, pero no podemos dejar que un pueblo actúe así".

Observó que situaciones como las vividas en Fajardo ocurren en la medida en que "el sistema no está respondiendo a los intereses de las víctimas de violencia" y a que, entre otros factores, el Gobierno no investiga la efectividad de sus leyes para enmendarlas de forma documentada, teniendo en cuenta los resultados de investigaciones de académicos y expertos.

"Los estudiosos no son consultados y se ignoran las recomendaciones del trabajo científico porque (los políticos) solo están pendiente del voto de los próximos cuatro años", lamentó.

González opinó, por ejemplo, que no a todos los acusados por violencia se les tiene que garantizar libertad bajo fianza por mecanismos del propio Gobierno y observó que ni se investiga qué proporción de esas personas comete nuevos delitos al gozar de ese privilegio.

 La doctora Alma Irizarry, coautora del libro El homicidio en Puerto Rico, mientras, planteó que "el tratamiento a las parejas que tienen conflictos nadie lo está ofreciendo y no se atiende el grave problema de salud mental que tenemos. No hay centros de tratamientos preventivos como el Instituto del Hogar", que operó hace décadas.

"Tampoco veo una campaña de prevención pública permanente", dijo Irizarry, cuyos estudios han demostrado graves problemas de salud mental de muchos agresores.

Irizarry destacó que le preocupa la generalizada tenencia de armas de fuego, así como recientes comportamientos de mujeres sumamente agresivas, como los de féminas que han mutilado a sus parejas a mordiscos.

En el caso de Fajardo, Irizarry opinó que otra tragedia sobre las tragedias fue observar "niños pequeños celebrando prácticamente el ajusticiamiento". Se refirió a imágenes difundidas por televisión de menores "riéndose y buscando la cámara" tras el asesinato del hombre sospechoso del doble crimen en el residencial, donde lamentó también comentarios justificando la máxima de ojo por ojo, diente por diente.

Para la demógrafa Judith Rodríguez, el caso de Fajardo y otros asesinatos y casos de violencia doméstica recientes demuestran la necesidad de nuevas investigaciones a fondo sobre los rápidos cambios en manifestaciones de violencia extrema, prácticamente en todo el país, y al igual que Irizarry mostró preocupación por la portación de armas de fuego entre jóvenes, como ocurrió con la víctima de 18 años ultimada el viernes.

"Es preocupante la situación de las familias con armas de fuego y también el aspecto de la selección de las parejas", sostuvo.

"Lastimosamente, esta situación acontecida en la parte Este del país es un ejemplo de cómo un acto de violencia doméstica desencadenó eventos violentos donde varias familias se involucraron directa e indirectamente. Los resultados van desde daños emocionales para los familiares, lesiones físicas y la pérdida temprana de la vida de las víctimas y el victimario", dijo Rodríguez, quien se refiró también a la colisión de tránsito fatal en la que se involucra a una hija de la mujer asesinada por su pareja.

"La muerte de los dos adolescentes (en un choque de tránsito posterior) son parte de esa trágica cadena de eventos donde una cantidad cada vez mayor de personas inocentes se afectan por los actos violentos cometidos por otros. La cantidad de personas especialmente que sufrirán por mucho tiempo problemas emocionales y que requerirán ayuda es enorme", apuntó.

No obstante, insistió en que "el elemento clave para una desgracia tan grave fue la presencia de un arma de fuego, probablemente ilegal. Un acto de violencia doméstica de ese tipo quizás no hubiese terminado de ese modo si no hubiese habido un arma de fuego por el medio".

Concluyó que urge atender de forma agresiva el control de armas de fuego ilegales para fomentar mayor protección en nuestro entorno familiar y social.