Tras las críticas al sistema judicial por el manejo de casos de imputados de delitos graves que son declarados no procesables, el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, anunció hoy que la Administración de los Tribunales contratará peritos adicionales para lidiar con el volumen de trabajo que recae ahora en los tres psiquiatras del Estado.

Además el secretario de Justicia, César Miranda anunció que el Ejecutivo presentará legislación para enmendar las reglas de prodedimiento criminal de manera que los fiscales puedan apelar los casos en que se declare no procesable a un acusado.

Ambas expresiones se dieron en el marco de una reunión de urgencia realizada en la tarde de hoy entre los componentes del sistema de justicia criminal del País, y a la que asistieron la jefa de los fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, y el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases.

“Toda crítica constructiva estamos siempre en ánimo de examinarla con el respeto necesario entre la jurisdicción federal y estatal”, dijo Hernández Denton luego de la reunión que se prolongó por varias horas.

El jefe del FBI en Puerto Rico criticó el jueves el sistema de justicia criminal del país luego que trascendió públicamente que Efraín Rivera Ramos, sospechoso del asesinato del policía Joaquín Correa Ortega, había sido declarado no procesable en varios casos de delitos graves por padecimientos mentales, pero siempre fue liberado sin restricciones.

“Hemos identificado el problema y sabemos lo que hay que corregir”, sostuvo el juez presidente en una conferencia de prensa tras concluir la reunión que se celebró en la sede de la Administración de los Tribunales.

El juez dijo que la reunión fue “muy fructífera” y sostuvo que acordaron crear un grupo de trabajo compuesto por la Administración de los Tribunales, el Departamento de Justicia, la Policía, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y la Administración de Corrección.

Explicó que el grupo de trabajo tiene la encomienda de establecer un protocolo para el manejo de los casos en los que se invoque la defensa de procesabilidad.

“Ha sido un problema el número de peritos porque están atendiendo muchos casos. Tenemos que buscar más peritos para que puedan evaluar con el rigor necesario los casos. Nos preocupa el abuso del "malingery" (simulación). Reconocemos los derechos constitucionales de las personas, pero nos preocupa que esta defensa se esté levantando livianamente", sostuvo.

Hernández Denton reconoció que en la esfera federal son mucho menos los imputados de delito que levantan la defensa de procesabilidad.

 “La fiscal federal lo trajo y hemos acordado que hay que examinar eso porque estamos hablando de la misma población”, dijo el juez presidente.

 Reconoció que en los tribunales estatales son muchos los casos, pero no pudo ofrecer números específicos.

“No tengo números específicos, pero es obvio que la diferencia la hay. Hay muchos casos de simulación y tenemos que evitarla en los procesos nuestros”, subrayó Hernández Denton.

“El asunto amerita que se revise legislativamente en las reglas de procedimiento criminal. Eso lo vamos a estar evaluando. El secretario de Justicia nos dijo que ya tiene a una persona ayudándolo en el área legislativa", añadió.

La fiscal federal Rodríguez dijo, por su parte, que le expusieron al juez presidente que había que ir “más allá” del asunto de la procesabilidad de los imputados de delito. 

“Expusimos nuestro punto de vista y le dijimos que había que aprovechar la oportunidad para echar una mirada bien de cerca a todo el sistema de justicia. Vamos a mejorar las áreas que haya que mejorar. No es compararnos, ni decir que el sistema federal es mejor”, dijo Rodríguez, quien recordó que ella laboró también como fiscal en el Departamento de Justicia.

El secretario de Justicia, entretanto, abundó a su vez en que la legislación que evalúan persigue que las vistas en las que se dirimen los casos de procesabilidad se conviertan en procesos adversativos.

Indicó que ahora si el fallo del juez es que el imputado de delito no es procesable, la Fiscalía no puede apelar.

“Lo que buscamos es que los fiscales puedan ir en alzada”, sostuvo Miranda.

 El presidente Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Represantantes, Luis Vega Ramos, quien también asistió al cónclave, dijo que le dará “la más alta prioridad” a la propuesta legislación que enmendaría las reglas de procedimiento criminal 240 y 241, que tienen que ver con la defensa de procesabilidad.

 El agente Correa Ortega fue asesinado en la noche del pasado lunes al intervenir en una feria ilegal en el barrio Pitahaya, en Humacao. En medio del incidente también resultó herido el sargento Víctor Pérez.

Como sospechosos de la balacera contra ambos oficiales fueron arrestados Rivera Ramos y Jeancarlos Velazquez Velázquez. Otro sospechoso, Rafael Rodríguez Carrasquillo, murió en un intercambio de disparos con la Policía mientras intentaba escapar. Las autoridades siguen tras la pista de un posible cuarto implicado en el atentado.