El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó hoy la paralización del embargo contra la arquidiócesis de la capital, un día después de que la administración de la Iglesia Católica solicitara la quiebra por una demanda de parte de cientos de maestros.

"Se ordena la paralización de los procedimientos y el archivo, sin perjuicio de la demanda de epígrafe para fines estadísticos", reza la sentencia del magistrado y a la cual EFE tuvo acceso.

También señala que el tribunal se reserva "jurisdicción para su reapertura al estado actual tan pronto sea descargado el procedimiento de quiebra y así se solicite".

La Arquidiócesis, buscó ayer la protección bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, llamado "de reorganización" y que está reservado para quienes tienen grandes volúmenes adeudados.

La solicitud de quiebra fue presentada por el arzobispo de San Juan, el monseñor Roberto González Nieves, y miembros del Consejo de Asuntos Económicos y del Colegio de Consultores del arzobispado.

La demanda proviene de 184 maestros jubilados quienes reclaman una deuda de 4.5 millones de dólares por beneficios adquiridos en el Plan de Pensión de las Escuelas Católicas.

Ante ello, la Iglesia Católica de Puerto Rico presentó el martes un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para detener el embargo de sus cuentas.

La Superintendencia de Escuelas Católicas también pidió el martes al juez que detenga los procesos.

En la solicitud la arquidiócesis establece sus activos en un valor de entre 10 y 50 millones de dólares.

Los embargos, por 4.7 millones de dólares -incluye propiedades, bienes y cuentas, entre otros-, comenzaron la semana pasada cuando un juez reactivó la orden que emitió en marzo y que fue paralizada durante meses a causa de las apelaciones de la Iglesia católica.