El superintendente José Caldero tendrá que comparecer al Tribunal de San Juan como parte del pleito incoado por dos gremios de uniformados, en torno al incumplimiento del pago de la deuda millonaria por ajustes en escalas salariales, decidió el juez superior Carlos E. Carrasquillo.

Con esta determinación, el togado declaró sin lugar la petición que presentó ayer el Departamento de Justicia, para posponer la citación de Caldero al proceso iniciado por el Frente Unido de Policías Organizados (Fupo) y el Concilio Nacional de Policías (Conapol).

 De igual forma, emitió no ha lugar a una moción de reconsideración presentada por el Gobierno. Ambos gremios a su vez, habían radicado una moción urgente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan en oposición a la solicitud de reconsideración de la fecha de la citación sometida por el DJ.

 El 3 de septiembre, el juez superior citó so pena de desacato a Caldero López a comparecer el próximo 29 de septiembre, con el propósito de que rinda cuentas sobre el incumplimiento del pago de la deuda, según le fue ordenado. Tras esta decisión, el funcionario tiene que comparecer a la sala del juez como fue dispuesto.

 En su moción de oposición a la solicitud de Justicia, los abogados de los policías insistieron en que Caldero López no debe ser sustituido por otros funcionarios que no tienen la autoridad para asumir obligaciones y compromisos, como le fue solicitado al tribunal.  

Entre los argumentos presentados a la corte, se expuso que el licenciado Manuel F. Díaz Lugo, abogado de la secretaría auxiliar de lo civil, subdivisión laboral del Departamento de Justicia, estuvo de acuerdo con la fecha y se cuestionó por qué al parece intenta dilatar el proceso.

 “Le suplicamos a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de las suspensiones que se han presentado en este caso las cuales han sido por la parte demandada. La parte demandada ha ignorado que este caso lleva siete años, y que cada vez que comparecemos a este Honorable Tribunal son excusas y más excusas, las cuales han conllevado una dilación en la solución de este caso afectando a los demandantes en su reclamo justo y válido de que se les pague el salario que le corresponde el cual se le adeuda de largos años”, se lee en la moción de los gremios.

Hace dos años el Gobierno aceptó en el Tribunal que adeuda $270 millones como resultado de una demanda que en 2007 radicaron ambos grupos de policías, que beneficiaría a 5,225 oficiales.

 A principios de septiembre, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asignó una partida de $16 millones a la Policía para comenzar con el pago de esta deuda.

 “Vamos a hacerle un llamado a la Policía para que se tranquilice, porque todo está en manos de los tribunales, y que no se dejen engañar”, declaró Diego Figueroa, presidente de FUPO.