El Tribunal Supremo federal evaluará la petición de certiorari presentada por el exsenador novoprogresista Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo para considerar si una convicción que fue declarada anulada puede violar la cláusula de doble exposición o "double jeopardy", de llevarse a cabo un nuevo juicio en su contra.

Los abogados defensores del exlegislador y el empresario recurrieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos luego de que el juez federal de distrito, Francisco A. Besosa, y que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinaron que la celebración de un nuevo juicio no constituiría una doble exposición.

No obstante, el panel de jueces de Boston, compuesto por Jeffrey R. Howard, Kermit V. Lipez y David J. Barron, establece que la apelación "levanta asuntos importantes y noveles" en relación al caso del que fueron absueltos Martínez y Bravo.

En junio de 2013, el panel de jueces revocó las convicciones contra ambos por el caso de supuesto soborno, y determinó que Besosa debía emitir un fallo de absolución, lo que hizo en noviembre de 2013. No obstante, el juez federal indicó que los fiscales del a División de Integridad Pública en Washington podían solicitar un nuevo juicio. La defensa apeló basándose en que si los enjuiciaban nuevamente, resultaría en una doble exposición. La decisión de Besosa fue avalada por el Primer Circuito de Apelaciones.

El 27 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó las convicciones del exsenador novoprogresista y del empresario. Determinó que el cargo de soborno contra ambos no se sostenía en derecho porque estaba basado en una teoría en la que Martínez recibió una "regalía" por favorecer a Bravo con legislación y eso no es penalizado por los estatutos federales. En ese momento, Martínez pertenecía a la mayoría parlamentaria del Senado.

Según la opinión del Circuito, Besosa erró al impartir las instrucciones al jurado y no explicar la diferencia entre regalía y soborno. Destacó que las regalías no son criminalizadas, pero los sobornos sí.

“A diferencia de la mayoría de los circuitos que se han ocupado de este tema, llegamos a la conclusión que el 666 (artículo del Código Penal federal que criminaliza el soborno) no penaliza las regalías", lee la determinación de 2013.

Tanto Bravo como Martínez fueron dejados en libertad bajo fianza en enero de 2013, luego que el Circuito determinara que existía la posibilidad de que la convicción y sentencia de ambos fueran revocadas.

A inicios de noviembre el Primer Circuito de Boston celebró una audiencia en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan en la que los abogados de defensa argumentaron sobre los errores en las convicciones de Martínez Maldonado y Bravo Fernández.

En ese momento se entendía que los jueces del circuito Kermit Lipez, Jeffrey Howard y O. Rogeriee Thompson podrían revocar la convicción, ordenar un nuevo juicio o confirmar el veredicto condenatorio por corrupción gubernamental.

Los abogados de defensa en esa audiencia intentaron demostrar que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre las imputaciones contra Martínez y Bravo. Además, establecían que un viaje a Las Vegas para ver la pelea de excampeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad fue un regalo que el exsenador aceptó, pero que no fue a cambio de aprobar proyectos o realizar alguna gestión legislativa a favor del empresario.

En el pliego acusatorio, se planteaba que el obsequio de Bravo a Martínez era para que el exsenador impulsara dos proyectos de ley que favorecían la compañía del empresario.

Martínez cumplió tiempo en una cárcel de Carolina del Norte mientras que Bravo estuvo en la prisión de Edgefield en Carolina del Sur.