El Tribunal Supremo dejó sin efecto esta tarde la decisión que ordenaba que algunas escuelas estuvieran abiertas, por lo que procede el cierre de las mismas tal como había planificado el Departamento de Educación (DE).

“La decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico valida que el proceso de consolidación de escuelas no violentó derechos constitucionales como determina de forma irregular la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico", expresó mediante comunicación escrita Ramón Rosario Cortés, secretario de Asuntos Públicos y Política Pública.

"El gobernador Ricardo Rosselló Nevares heredó un déficit sin precedentes y dentro de esa situación se han llevado a cabo reformas para tener un Gobierno más eficiente y menos costoso".

Rosario Cortés añadió que "la consolidación de escuelas se hizo velando por el mejor interés del estudiantado para que tengan los recursos necesarios en el salón de clases. Para ello, se tomó en consideración nuestra población estudiantil actual y los retos fiscales del Gobierno.

Mientras, en otro comunicado, la secretaria de Educación, Julia Keleher, manifestó: "Hoy el Tribunal Supremo validó la autorización concedida por Ley al Departamento de Educación para consolidar planteles escolares. El proceso de consolidación de planteles no fue uno fácil, pero se hizo siguiendo las guías establecidas y garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes. Esta decisión nos permite continuar con la transformación de nuestro sistema educativo, cuyo norte es ofrecerle mayores beneficios y mejores oportunidades a nuestro estudiantado".

"Un fallo en contra de la educación pública de nuestros niños"

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, quien desde el inicio de la controversia criticó el proceder del DE en el proceso de cierre de escuelas, se expresó en desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de emitir un fallo en contra de la educación pública de nuestros niños. Es un fallo, nunca antes mejor dicho. Estos jueces han fallado en garantizarle a los pobres de este país una educación de calidad a quienes más lo necesitan. La mayoría de los jueces del Supremo han olvidado que el futuro del País está en la educación y no en caprichos administrativos del Secretario de turno. Mis respetos a los jueces que han disentido de dicho error y la historia los recordará siempre. Ahora le corresponde al gobernador Ricardo Rosselló dar cara a todas las familias afectadas de las escuelas Carlos Alberio, Manuel A. Díaz y Segunda Unidad David Colón Vega”.