El director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez Hernández, criticó este lunes el primer informe presentado por la Policía y el Departamento de Justicia sobre los avances que se han logrado con la reforma policiaca, ya que a su juicio ignora el patrón de violaciones de derechos civiles que llevó a la entidad y a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a demandar al Gobierno.

“Tal y como lee dicho informe, nos da la impresión que la conducta reiterada de la policía de violar derechos de los ciudadanos es una cosa del pasado”, sostuvo Ramírez Hernández en un escrito en el que analiza el informe de la reforma presentado el pasado jueves.

Dijo, en cambio, que esa no es la realidad.

En primera instancia, Ramírez Hernández negó las alegaciones hechas por el superintendente de la Policía, José L. Caldero López, y el Secretario de Justicia, César Miranda, sobre la disminución en las reclamaciones por violación de derechos civiles de la Uniformada.

 “En la ACLU quedamos muy decepcionados con este informe que, más que demostrar cumplimiento con adelantar una reforma en el área del trabajo policial constitucional (constitutional policing), lee como un relato de actividades y esfuerzos dirigidos a crecer el cuerpo policial”, manifestó.

Agregó que “lo cierto es que las serias violaciones de derechos civiles aún continúan, inclusive conducta que raya en organizada y delictiva, tal como incautación de teléfono inteligentes, agresiones y amenazas dirigidas a desestimular la radicación de querellas, registros y allanamientos ilegales, entre otras”.

“Además, desconocemos cuál es la fórmula o números que utiliza la Policía para dar a entender que disminuye las incidencias de violaciones; suponemos que un criterio es que la gente no presenta querellas o que se han presentado menos querellas. Precisamente, de eso es que trata las amenazas a la ciudadanía. ‘Hablas y pagarás’, como se nos ha informado. Esto lo sabe muy bien el gobierno, que ha escuchado esas mismas palabras de ciudadanos preocupados y que a su vez desconfían de cualquier agente del gobierno”, continuó Ramírez Hernández.

Ante esta falta de importancia que le ha dado la Policía y Justicia al problema de violación de derechos civiles, el funcionario pidió al pueblo que no baje la guardia. Explicó que aún el caso federal no está cerrado, por lo que se debe demandar más derecho y promover que se detengan los abusos policiacos.

Del mismo modo, el defensor de derechos civiles declaró que falta aclarar cómo la Policía está lidiando con las querellas de abuso policiaco, cuántas querellas verdaderamente ha recibido, y qué procedimiento se sigue para investigarlas.

“Aún es muy temprano para llegar a la conclusión que tenemos en Puerto Rico un cuerpo policial constitucional que respeta los derechos fundamentales del pueblo”, insistió.