Otras dos demandas contra el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En esta ocasión los demandantes son los miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), gremio que acudió la madrugada de hoy al Tribunal Federal y entabló sendas demandas en las que cataloga como inconstitucional, antidemocrática e ilegal la JSF y las decisiones que este ente ha implantado en las últimas semanas.

El anuncio lo hizo en conferencia de prensa el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, quien explicó que la demanda incoada es contra los miembros de la JSF, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico.

“Radicamos una primera demanda, a raíz del proceso que bajo la Ley PROMESA dio paso al nombramiento de la Junta, en el que se violentó el trámite establecido en la Constitución Federal y en la que el Presidente estadounidense es quien realiza los nombramientos de los funcionarios que ejercen la soberanía federal, por lo que debió ser él (en este caso el expresidente Barack Obama) quien nombrara a los miembros individuales de la Junta con el consejo  y consentimiento del Senado”, dijo Figueroa Jaramillo.

Agregó que con esta acción se violentó la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos y lo establecido en la ley de Separación de Poderes.

Mientras, la segunda demanda está dirigida a demostrar que los planes fiscales certificados  por la JSF “violan de forma inconstitucional” los acuerdos plasmados en el convenio colectivo, el cual tiene una cláusula de continuidad automática por lo que sigue vigente hasta que entre una nueva negociación que, por el momento, no se vislumbra en el panorama.

El licenciado Rolando Emmanuelli, abogado de la UTIER, explicó que con las decisiones implantadas por la JSF, así como por el Gobierno de Puerto Rico (con la aprobación de la Ley 66, la Ley 3, la Ley 8 y la Ley 26) se han afectado 35 de las 50 cláusulas que tiene el convenio colectivo.

“Reducción de 15 días de vacaciones, cambios en el beneficio del plan médico, la acumulación de licencias y la eliminación de la licencia por accidentes son sólo algunos de los beneficios afectados y que son parte del contrato legítimo y legal del convenio”, dijo el abogado.

Agregó que las obligaciones contractuales no pueden ser alteradas arbitrariamente, como a entender de la UTIER lo han hecho tanto la AEE como el Gobierno. De hecho, el gremio alude a que se está incurriendo en acciones que violentan la Constitución de Puerto Rico, como la de Estados Unidos.

“Y esto no se puede cambiar de un día para otro e ilegalmente por causas impuestas por el poder político”, dijo Figueroa Jaramillo.

Tras la radicación de los documentos, la parte demandada tiene 30 días para responder. También podrían presentar una moción pidiendo la desestimación de la demanda.

“Estamos preparados para llegar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si es necesario”, dijo Emmanuelli.

De otra parte, Figueroa Jaramillo emplazó al Gobernador a que se una a la demanda de la UTIER si es que realmente está en contra de las determinaciones de la JSF.

“El gobernador Ricardo Rosselló retó a la Junta el pasado viernes… yo lo invito a que si no cree en ese proceso de disminución de jornada laboral y de pensiones que se una a esta demanda. Si realmente habla con sensatez y sinceridad, y no cree en las medidas austeras que afectan la vida social de nuestros compañeros, invitó al Gobernador a que se una a nosotros y que lo haga de frente, con acciones y no en medios televisivos, expresó el líder sindicalista.