En el marco de la presentación del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre condenas de muerte en el mundo durante el 2012, el abogado Edgardo Román afirmó que una determinación de pena capital para el emigrante negro Lashaun Casey en el caso que se ve actualmente en el Tribunal Federal de San Juan "sería vergonzoso para Puerto Rico".

El coordinador de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte señaló que urge mantenerse atento a las determinaciones que sobre ese caso se puedan estar tomando próximamente. Recordó que en el proceso judicial federal contra Casey ha surgido información sobre "otros implicados" en el asesinato del agente puertorriqueño Jesús Lizardi Espada.

"Ante esas circunstancias no debería prevalecer la imposición de la pena capital para Casey", opinó Román durante una conferencia de prensa en la Universidad del Sagrado Corazón para hablar del informe de AI, que reveló que al menos 682 personas fueron ejecutadas en 21 países el año pasado.

El letrado señaló que la acusación contra Casey es producto de una "incompleta investigación criminal", pero hizo énfasis en que en la Coalición "nos oponemos a la pena de muerte para ese acusado sea culpable o inocente".

Explicó que en ningún caso favorecen la pena capital porque "no creemos que hay ningún caso apropiado", pero sobre Casey subrayó que no debe ser motivo de menor atención aquí por tratarse de un emigrante negro. "Si fuese de Mongolia, también lo defenderíamos", insistió.

Las declaraciones surgieron cuando se cuestionó si podría pesar en el jurado que delibera en Hato Rey elementos distintos a los considerados en el caso contra el puertorriqueño Alexis Candelario, ya que ahora se trata de un hombre de raza negra y no oriundo de la Isla.

Candelario, convicto por la matanza de La Tombola en Toa Baja, estuvo en riesgo de sentencia de muerte, pero un jurado lo descartó y se le aplicó cadena perpetua por el asesinato de nueve personas en un hecho considerado como la mayor masacre criminal en la historia reciente de Puerto Rico.

"No es un asunto de urnas"

Pedro Santiago, director ejecutivo de AI en Puerto Rico, por su parte, se mostró esperanzado en que para Casey también el jurado descarte la pena de muerte y observó que este tema "no es un asunto de urnas.

"La pena capital es una violación del derecho a la vida, del derecho a no sufrir malos tratos y del derecho a la rehabilitación, un castigo cruel e inhumano que se debe abolir en todas las partes del planeta", sostuvo enérgico.

Recordó que estudios reiterados, incluyendo el informe anual de AI 2012 sobre la pena de muerte, a su vez reforzado con estudios de académicos de los Estados Unidos, concluyen que no existen estadísticas para demostrar relación de la pena capital con efectos disuasivos de la actividad delictiva.

"Si no reduce la criminalidad, si no tiene efectos disuasivos, ni brinda más seguridad a las comunidades, se trata de una venganza de un costo elevado", recalcó Santiago.

El licenciado Román, mientras, dijo que "creemos que ese 57% (en contra de la pena de muerte) puede ser elevado y lo será con la campaña que se viene desarrollando. Se refirió a la cifra reflejada por la encuesta de El Nuevo Día, hoy miércoles, sobre el espinoso tema que se torna más patente con al menos 11 casos adicionales por dilucidarse en la Sala de San Juan del Tribunal Federal.

Reclamo a Eric Holder

Román consideró que urge mantenerse alerta a las deliberaciones en el caso de Casey, así como de los otros casos. "Nunca habíamos tenido tantos casos a la vez (en el Tribunal Federal en San Juan), por eso estamos trabajando estrategias dirigidas a que en Washington los que vienen llamados a certificar casos de pena de muerte sepan de la oposición que existe en Puerto Rico a este tema", expresó.

Para adelantar ese objetivo, indicó que la Coalición ha escrito por segunda ocasión al gobernador Alejandro García Padilla, con la aspiración de acción afirmativa directa del primer ejecutivo en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según Román, la pretensión de la Coalición es que García Padilla "se reuna con Eric Holder (secretario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) y que lo invite al país y dialogue directamente sobre la oposición a la pena capital en la Isla".

Román argumentó que el objetivo sería lograr que Holder "de instrucciones de revisar los procesos de certificación de casos de pena de muerte procedentes de Puerto Rico...porque el Secretario de Justicia (federal) tiene una amplia discreción para certificar los casos (de posible pena de muerte)". De no producirse esas certificaciones los procesos judiciales se limitan a imposiciones de penas diversas de reclusión, siendo la máxima la cadena perpetua.

El abogado recordó que en estados norteamericanos como Alaska, gobernantes proactivos se movilizaban a Washington para cabildear en contra de la pena de muerte cuando surgían casos federales como la decena pendiente en Puerto Rico y las acciones resultaron positivas para frenar ejecuciones.

De cal y de arena

 En cuanto al reporte 2012 sobre la pena de muerte en el mundo, Santiago manifestó que recoge resultados agridulces porque hubo retrocesos, pero también avances.

"Aunque lamentamos que países como Japón y la India hayan reanudado ejecuciones en 2012 y que el número de ejecuciones se haya quedado similar al de 2011, todavía es perceptible la tendencia hacia un mundo sin pena de muerte", sostuvo Santiago.

"La reducción en casi 200 casos en la cantidad de sentencias y en la reducción a solo 58 países que la aplican, es prueba de esto", dijo en la rueda prensa conjunta de la AI y la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte.

Santiago observó que en 2012, en las Américas solo Estados Unidos impuso la pena de muerte en varios estados. En ese país, no obstante, se redujo el número de nuevas sentencias y no hubo ejecuciones por determinaciones del Tribunal Federal. Además, gracias a la determinación de Maryland, aumento a 18 el número de estados abolicionistas, agregó el activista de AI.

 Agregó como elemento positivo de 2012 en los Estados Unidos que Delaware y Nebraska iniciaran la discusión de proyectos de ley para eliminar la pena de muerte.

Cifras globales 2012

La mayoría de las 682 aplicaciones de la pena de muerte durante 2012, según AI, ocurrieron en China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Yemen. La cifra de decesos constatados superó por dos la del 2011.

"China ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, pero se desconoce la verdadera magnitud de ese castigo en ese país porque ese asunto se considera secreto de Estado", explicó Santiago.

Se cree que en China se están ejecutando cerca de 10,000 personas al año, según un economista que halló una cifra alarmante de un presupuesto de una región de ese país. Con esa partida separada para ejecuciones mediante una extrapolación calculó en 10,000 el número de imposiciones de pena capital en todo el país, señaló, por su parte, el licenciado Román.

En China, agregó Román, existen otros agravantes sobre graves violaciones de derechos humanos y atropellos como las relacionadas con denuncias de aumento de tráfico de órganos humanos y de procesos legales cuestionables porque son "casi inexistentes las apelaciones" judiciales.

 El nuevo informe de AI sobre la pena de muerte en 2012, entre otros datos relevantes, alude a que en 27 países hubo indultos o conmutaciones de esa pena, seis menos que en 2011. Sin embargo, se impusieron al menos 1,722 condenas de muerte en 58 paises y la cifra representó una reducción al compararse con 2011, cuando hubo 1,923 sentencias de ese tipo en 63 países.

El reporte de AI establece que al cierre de 2012 había al menos 23,286 personas condenadas a muerte. Al menos dos teceras parte de los estados del mundo no tienen la pena de muerte o no la practican y eso es una tendencia actual importante, concluyeron los activistas de la Coalición y AI.