El juez Arnaldo Castro Vallajeo, del Tribunal de San Juan, encontró hoy, lunes, causa para arresto contra tres excomisionados, un agente y una secretaria de la Policía Municipal de Barceloneta por usar sus puestos para beneficio personal durante horas laborables.

Contra el grupo se presentaron 23 cargos que incluyen violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Además, algunos enfrentan cargos por apropiación ilegal y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.

Los acusados fueron identificados como Abel López Moreau, Reynaldo Pérez Maldonado, Oscar Colón Cuevas y Juan Acevedo Rosado, quien al presente es teniente de la Policía estatal. También se presentaron cargos contra Ana Rodríguez Pérez, empleada administrativa de la Policía Municipal de Barceloneta.

"Se exponen a pena de cárcel. Los delitos de Ética Gubernamental no cualifican para sentencia suspendida", indicó el fiscal Martín Ramos Junquera, quien aclaró que no se trata de una conspiración de todos los imputados, sino una serie de actos cometidos en un mismo lugar de trabajo durante un periodo de tiempo determinado.

Según la Fiscalía, los hechos involucran apropiación de dinero en efectivo, piezas de automóviles, hurto de cobre y haber transportado maquinaria y hasta una mesa para hacer uñas acrílicas, utilizando vehículos oficiales en horas laborables para beneficio personal.

El Ministerio Público alega que el inspector López Moreau utilizó a dos oficiales de la Policía Municipal para que buscaran y compraran una mesa para trabajos de técnicas de uñas usando el vehículo oficial y en horas laborables.

La versión de los investigadores señala que la mesa fue entregada en Bayamón, en el negocio propiedad de la esposa del ahora excomisionado López Moreau.

El mismo oficial, además, fue acusado de que mientras fungía como comisionado se apropió de cerca de una docena de rollos de cobre que estaban dentro de un vehículo que era custodiado por la Policía Municipal en el cuartel. La acusación sostiene que luego envió a los oficiales a su cargo a vender el cobre en un centro de acopio de metales utilizando los vehículos oficiales de la Policía Municipal para transportarlos, obteniendo un beneficio económico de su venta. Esos materiales están valorados en más de $1,000.

Los hechos supuestamente ocurrieron entre los meses de febrero y mayo de 2015, pero López Moreau sostuvo que desconocía por qué había sido citado al tribunal.

"Estoy tranquilo y confiado en Dios… Dios es bueno", manifestó López Moreau frente a la sala de investigaciones en Hato Rey. 

Por otro lado, la Fiscalía presentó cargos contra el teniente Acevedo Rosado por ordenar a dos oficiales municipales, en horas laborables, a ayudar a su hija, a la que se le había averiado el vehículo. 

De acuerdo con la acusación, ambos oficiales usaron el vehículo oficial en febrero de 2014 para llegar hasta donde se encontraba la mujer, prendieron su auto y lo llevaron hasta el hogar del teniente. Asimismo, y a solicitud de Acevedo Rosado, también fueron a un comercio en Manatí a comprar la pieza dañada y regresaron a la vivienda del ahora también excomisionado para reparar el vehículo. 

Al preguntársele sobre los señalamientos, Acevedo Rosado contestó: "Desconozco de eso" y refirió cualquier otra pregunta al licenciado Antonio Sagardía, su abogado.

Sagardía dejó entrever que la defensa sobre la alegación de usar el puesto para fines personales giraría en torno a que los policías son policías 24 horas y cualquier asistencia que brinde a un ciudadano, si es familiar, se presta para uso indebido de los recursos públicos.

"La Policía de Puerto Rico, si ve a un ciudadano en la calle, tiene la obligación de ayudarlo. Pero, tal parece que si el ciudadano es un familiar, comete delito", dijo Sagardía, sin entrar en detalles.

La Fiscalía también sometió cargos contra el teniente municipal Oscar Colón Cuevas porque supuestamente se aprovechó de que era custodio del cuarto de evidencia y propiedad ocupada por la Policía Municipal y se apropió ilegalmente de $145 producto de una intervención de un agente municipal en marzo del año en curso. También, en el mes de marzo del pasado año, Colón Cuevas se apropió de $283, resultado de otra intervención, según las autoridades.

Asimismo, el pliego acusatorio alega que el teniente Reynaldo Pérez Maldonado le encomendó a un oficial de la Policía Municipal remover los focos delanteros nuevos de una patrulla para intercambiarlos con los focos viejos de su vehículo personal.

El también excomisionado habría ordenado a un agente municipal a que cambiara dos gomas pertenecientes a uno de los vehículos oficiales y las instalaran en su vehículo personal. También se alega que ordenó a dos oficiales a que transportaran unos motores eléctricos de portón en el Municipio de Arecibo para llevarlos a la residencia de la secretaria del cuartel municipal, Rodríguez Pérez. Según la Fiscalía, todos estos eventos sucedieron en horas laborables entre los meses de abril y septiembre del presente año.

El abogado Luis Cabán, quien representa a varios de los acusados, destacó que el testigo principal de estos hechos es un oficial que enfrentaba un procedimiento administrativo en la Policía Municipal.

"Son alegaciones de un empleado a quien se le hizo una investigación administrativa de apropiación de unos bienes y ese empleado ripostó diciendo que él no podía ser acusado cuando, según sus alegaciones, fulano, fulano y fulano habían hecho ese tipo de actuación, de usar vehículos oficiales para cosas privadas", dijo Cabán.

Previamente, López Moreu había indicado que él es "uno de los supervisores de más alto rango allí y he trabajado en algunas situaciones donde he tenido que tomar acción contra mis subalternos".

La investigación del caso estuvo a cargo de los agentes William Rivera Rosa y Silvestry Caballero Guzmán, de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal de Barceloneta.

Ambos señalaron que la pesquisa comenzó indagando sobre la supuesta apropiación ilegal en un vehículo de la Policía, que se usa como cuartel rodante.

"Luego continúan cayendo más investigaciones", sostuvo Rivera Rosa.

A su vez, Caballero Guzmán aseguró que "la investigación no se ha cerrado, la investigación continúa".

Todos acusados prestaron la fianza impuesta. Algunos tendrán la vista preliminar en Arecibo el 9 de diciembre y otros el 15 de diciembre.

La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, indicó que fue ella quien refirió la investigación a Justicia y que ha comenzado una reestructuración del cuerpo policiaco, integrado por alrededor de 41 agentes. 

La líder municipal aceptó que entre las irregularidades que supuestamente ocurrieron está el que los oficiales supuestamente vendieron el cobre que había en una guagua ocupada en un centro de acopio, del cual generaron alrededor de $3,000. 

“Eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que personas que deben trabajar para garantizar la seguridad de un pueblo estén enfocados en otras cosas. La investigación llega cuando nos percatamos que el cobre que se había incautado ya no estaba donde se había dejado. Así que, de inmediato, nosotros llamamos al CIC (Cuerpo de Investigación Criminal) de Arecibo para que empezara una investigación rigurosa de todo lo que estaba pasando en la Policía Municipal”, afirmó en entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio).