El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio ayer un paso trascendental en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales que debería tener resonancia en Puerto Rico si el Gobierno responde positivamente al respaldo que se le da al matrimonio gay al colocársele al mismo nivel de igualdad con las uniones heterosexuales.

Las dos decisiones emitidas ayer por el alto foro no reconocen el matrimonio gay como un derecho. Eso los grupos más conservadores en Puerto Rico lo celebraron como un triunfo, incluso el que el Supremo hubiese consignado que son los estados los llamados a legalizar o no el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Abogados consultados por Primera Hora y líderes del movimiento gay de Puerto Rico resaltaron ayer que la victoria es de los homosexuales, tanto de los de allá como de los de acá.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos pareció despejar el camino para un eventual reconocimiento de las bodas gay al rechazar una ley federal que les escamoteaba a estos matrimonios –constituidos en estados que ya avalan ese tipo de unión civil– miles de beneficios federales.

La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) fue invalidada porque el Supremo entendió, entre ellos la boricua Sonia Sotomayor, que creaba una segunda clase de ciudadanos.

La sentencia establece que DOMA viola el derecho de igualdad de los ciudadanos que consagra la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Los cinco jueces que emitieron el fallo dijeron que limitarles a los matrimonios gay esos beneficios atentaba también contra la dignidad de los hijos de estas parejas.

En una segunda decisión, relacionada con la prohibición del matrimonio gay en el estado de California, el Supremo se abstiene de considerar el caso, pero permite con dicha acción que el matrimonio gay, de ahora en adelante, sea un hecho en el estado.

Vientos de cambio

En Puerto Rico, los primeros indicios de cambio los anunció el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien dijo que en la próxima sesión se atenderá legislación pendiente como la de la adopción por los gays.

“Es hora de uno sentarse y atemperar lo que son las leyes del mundo entero a esta nueva realidad”, sostuvo Bhatia.

El líder senatorial dijo que “el propio Tribunal Supremo está exigiendo, a la luz de esa opinión, que lo que constituye una prohibición de una actividad (el matrimonio) es inconstitucional”.

Puerto Rico tiene su propia versión del DOMA. Aquí, por virtud de la Ley 94 de 1999, que firmó Pedro Rosselló –quien ahora avala el matrimonio gay– no se reconocen los matrimonios entre homosexuales de otras jurisdicciones.

El Código Civil también obliga a que el matrimonio sea entre parejas heterosexuales. ¿Qué va a pasar con esa ley? No se sabe todavía, pero el senador popular Ramón Luis Nieves dijo que esa enmienda al Código Civil debe ser derogada.

Si en Estados Unidos los beneficios federales se les van a validar a los matrimonios gay en los estados en que se celebraron las bodas, ¿esos mismos beneficios se les darían en Puerto Rico si esas personas se radican aquí?

Ayer, esa pregunta fue eje de controversia en Puerto Rico, y en todo Estados Unidos.

La abogada Nora Vargas, quien representó a la madre gay que quería adoptar a la hija de su pareja, opinó que la decisión del Supremo no se hace extensiva a la Isla en ese aspecto. Vargas se basa en que los propios jueces del Supremo advierten que la parte de DOMA que permite que los estados se rehúsen a reconocer los matrimonios efectuados en otros estados no fue retada.

El experto en derecho constitucional Carlos Ramos y la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassén, interpretan lo contrario.

“En la decisión tú no ves una respuesta concreta, pero claro que esos beneficios tienen que aplicar aquí. Sería absurdo que fuera solo para unos estados porque, si te mudas, perderías tus derechos”, dijo Ramos tras anticipar que lo difícil aquí será aplicar la jurisprudencia.

Puerto Rico tiene programas federales delegados a agencias estatales y serían funcionarios de un gobierno que se ha negado a reconocerles derechos a los homosexuales los que vendrían obligados a proveer los beneficios.

Algunos de estos están relacionados con vivienda, con los cupones de alimentos, con las leyes de quiebras, los beneficios de Seguro Social, con leyes de inmigración y hasta con el derecho a que el cónyuge de un militar tiene que ser sepultado en el cementerio nacional junto a su pareja.

“Quien decide sobre los beneficios federales son los federales”, puntualizó Rivera Lassén, quien también ve “seriamente debilitada” la Ley 94 después de la decisión del Supremo.

“Esta decisión del Supremo permite que los estados sigan aceptando los matrimonios gay. Esto abre el camino a otras legislaciones que están siendo propuestas en otras jurisdicciones, en otros estados. La legislación aquí no debe ser contraria al mensaje de no discriminación que dio el Supremo”, dijo.

El activista gay Pedro Julio Serrano admitió que la determinación del Supremo no obliga a derogar la ley que impide el reconocimiento de los matrimonios gay en Puerto Rico, ley que dijo debe ser eliminada.

El secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, también interpretó ayer la decisión del Supremo federal. Según el funcionario, ahora no hay ningún impedimento para que la Isla reconozca el matrimonio homosexual.

Sánchez Betances insistió, sin embargo, en que las repercusiones del dictamen del Supremo no son tan abarcadoras como se ha dado la impresión.

“El Tribunal Supremo acaba de emitir una decisión con relación a DOMA y no es tan abarcadora como se ha generado la impresión. El tribunal en lo que a los estados respecta –y eso incluye al Estado Libre Asociado– le reconoce la autoridad de decidir constitucionalmente si es válido un matrimonio del mismo sexo”, dijo.

En California, el actor boricua Adrián Avilés dijo que él y su pareja Gregg celebraban los fallos. “Nos están reconociendo que somos iguales”, señaló jubiloso el padre de un bebé de seis meses que adoptó junto a su pareja.

Carmen Milagros Vélez, la madre gay del reciente pleito de adopción en la Isla, indicó que lo importante de la opinión del alto foro es que hace el discrimen inaceptable. Ella y su compañera se casaron en Nueva York y dijo que ahora tendrán unos beneficios adicionales. “Esto lo voy a celebrar hoy con mi hija”, anunció.

“Lo que pasó en el Supremo no nos afecta en Puerto Rico para nada. Se reconoció que son los estados los que deciden sobre el matrimonio gay”, dijo César Vázquez, portavoz de Puerto Rico por la Familia.

Vázquez indicó que los derechos que hay que reconocer son los del estado donde los gays se casan.