Sobre sus personas pende la pena capital por la muerte del publicista José Enrique Gómez Saladín, pero sus rostros no reflejaron ningún temor ni sorpresa.

Los que presenciaron su lectura de acusación dirían que los cuatro acusados por el carjacking que culminó en la muerte del profesional se mantuvieron inmutables ante la formalidad de su vista de lectura de acusación y de fianza.

Los cuatro individuos comparecieron ayer a la sala de la magistrada federal Silvia Carreño. A la vista acudieron algunos familiares de los acusados, ningún familiar de la víctima, pero los primeros no quisieron ofrecer ningún comentario a los medios de comunicación sobre el caso que ha conmocionado el país y que desencadenó una campaña cívica en contra de la violencia en Puerto Rico a través de las redes sociales y marchas multitudinarias.

Los arrestados se declararon no culpables por los cargos federales que enfrentan por carjacking y fraude bancario. Y, como era de esperarse, la magistrada denegó su fianza al tratarse de un crimen que terminó con la muerte de la víctima.

Los acusados permanecerán ingresados en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo hasta su próxima comparecencia al tribunal. Su caso es elegible para la pena capital.

Un crimen dantesco

Según versiones ofrecidas por los presuntos asesinos, el publicista suplicó a sus verdugos mientras era rociado con gasolina y golpeado con objetos contundentes, como una llave inglesa y tubos metálicos, en un área de la antigua instalación correccional en el barrio Guavate de Cayey. Los hechos se registraron el pasado 30 de noviembre.

De acuerdo con los testimonios cuestionables de los acusados, la víctima recogió el cuarteto en una zona de prostitución de Caguas y fue forzado a retirar dinero en cajeros automáticos. Una foto de las transacciones en que aparecía el publicista junto a uno de los presuntos asaltantes fue distribuida a los medios de comunicación antes del macabro hallazgo de cadáver.

Redoblan esfuerzos

Algunas fuentes extraoficiales apuntan a que la Fiscalía Federal le dará una atención especial al caso por la violencia y la temeridad que medió en el asesinato del ejecutivo.

Aunque, públicamente, las autoridades aseguran que “todos los casos son iguales”, algunos conocedores del Tribunal Federal aseguran que las autoridades están redoblando sus esfuerzos para el procesamiento de los implicados: Rubén Delgado Ortiz, Edwin Torres Osorio, Alejandra Berríos Cotto, mejor conocida como “Pochi”, y Lenisse Aponte Aponte, alias “Prieta”.

Otros expertos de los casos federales aseguran que el caso del publicista podría inclinar la balanza a favor de la aplicación de la pena capital a pesar de que los jurados puertorriqueños han rechazado la aplicación de la pena máxima.

Cabe destacar, sin embargo, que el proceso criminal contra los acusados está en su etapa inicial y que los arrestados podrían declararse culpables para evitar enfrentarse a la máxima sentencia.