La directora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Carmen Lebrón González, aclaró hoy que la investigación que conduce desde mayo, tras determinarse que supuestamente existía una crasa negligencia en el cumplimiento de la promoción de políticas contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo y la violencia doméstica en el municipio de Guaynabo todavía sigue vigente a pesar de que hay un nuevo alcalde. 

Lebrón González se reunió esta tarde con el nuevo alcalde de Guaynabo, Ángel A. Pérez Otero, para establecer acuerdos colaborativos, coordinar talleres para supervisores y empleados y dialogar sobre su política pública entorno a los derechos de la mujer con miras a subsanar la situación ocasionada por el exalcalde Héctor O’Neill González, quien renunció tras imputarle violaciones a Ley 54 por maltrato psicológico o emocional, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual, por acoso sexual y exposiciones obscenas. 

“No malinterpreten que yo esté aquí no quiere decir que el proceso lo olvidamos, el proceso continúa”, expresó la licenciada quien hizo énfasis en el carácter fiscalizador de la OPM que dijo solo busca el cumplimiento de las leyes buscando que las conductas que señalaron se corrijan. 

La OPM le impuso sobre $30,000 en multas al municipio, que incluyen a Héctor O’Neill en su capacidad de alcalde. Al director de Recursos Humanos, Eduardo Faría Rodríguez, quien se le sancionó por presuntamente dificultar el acceso a cierta información requerida como parte de la pesquisa y por incumplir con un plan de acción afirmativa. 

Pérez Otero, aclaró que Faría Rodríguez, todavía labora para el municipio porque regresó a su puesto de carrera. Este viernes adelantó que va a nombrar al nuevo director de esa oficina y al nuevo jefe de la División Legal. 

Una vez culmine la pesquisa y aunque no ocupen la posición, explicó, de su lado Lebrón González, tendrán que responder en su carácter personal.  

Según se había hecho público anteriormente, del total en multas, $10,000 corresponden a violaciones a la ley que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, igual cantidad por violaciones a la ley que ordena implantar protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en el ambiente laboral, e igual monto por infringir las normas que garantizan la igualdad de oportunidades en el empleo por género.

“La intención es que aquellas cosas que ocurrieron en el pasado van a quedar como parte de la historia, vamos a aprender de ellas. Lo que queremos es establecer estos acuerdos colaborativos y brindarle la confianza a la mujer guaynabeña de acercarse aquí al municipio de que puede venir a laborar en un ambiente libre de cualquier tipo de situación adversa a su persona”, dijo por su parte Pérez, durante la rueda de prensa. 

Como parte de los acuerdos colaborativos se anunció la creación de la Oficina para el Desarrollo Integral de la Mujer.